MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El equipo de la CIDH está formado por nueve expertos de diferentes países, quienes han llegado a Perú a petición del Gobierno de Boluarte, con quien se reunirán este mismo martes en el Palacio de Gobierno. Está previsto también que el grupo viaje a Ayacucho, donde se han registrado los peores momentos de esta crisis.
No obstante, este viaje podría no efectuarse debido a la situación de seguridad en la que se encuentra la ciudad, con nuevas movilizaciones programadas. Ayacucho está en el centro de las miradas después de la violenta represión de las fuerzas de seguridad, que emplearon fuego real para disolver unas protestas en el aeropuerto, dejando una decena de muertos.
Además de Boluarte, los expertos de la CIDH se reunirán con diversas autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil. La organización de Derechos Humanos ya expresó este fin de semana su "preocupación por la escalada exponencial de la violencia en las protestas" e instó a las partes a seguir "los canales democráticos" para lograr alcanzar una solución a la crisis.
Además de las demandas del Gobierno peruano, un colectivo de abogados de Ayacucho también se puso en contacto con la CIDH para que pusiera en marcha una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares durante las protestas, cuenta el diario 'La República'.
Los manifestantes sostienen que el estado de emergencia decretado por el Gobierno ha servido para que las fuerzas de seguridad se sientan legitimadas para cometer todo tipo de desvaríos. Por su parte, las autoridades del orden justifican que las muertes se han producido tras ataques sobre los agentes.
El jueves y el viernes de la semana pasada se vivieron en Ayacucho las jornadas más violentas y luctuosas de lo que va de protestas, con el Ejército reprimiendo con fuego real las protestas en el aeropuerto, dejando nueve muertos, y los manifestantes respondiendo con actos vandálicos de algunos edificios públicos.
La llegada de la CIDH se produce en un momento en el que están previstas nuevas protestas para exigir la convocatoria cuanto antes de elecciones y la destitución del Congreso al que responsabilizan de esta nueva crisis política, que deja ya centenares de heridos, decenas de detenidos y una treintena de muertos.
Hace dos semanas y en vísperas de su tercera moción de censura en apenas un año y medio de mandato, Castillo intentó sin éxito disolver el Congreso, establecer un gobierno de excepción y convocar nuevas elecciones legislativas de cara a poder formar un proceso constituyente con el que poder elaborar una nueva Constitución.
Sin embargo, el Congreso paró la maniobra y tras destituirle, se llevó a cabo su detención cuando ponía rumbo hacia la Embajada de México. Desde entonces está preso acusado de un delito de rebelión. Las primeras y cortas movilizaciones aplaudiendo su arresto dejaron paso entonces a masivas manifestaciones en su apoyo y contra los poderes fácticos que han medrado contra él.