WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden, en un viaje reciente a bordo del Air Force One, pasó un tiempo recordando con asesores y legisladores sobre sus tiempos como joven abogado en Delaware en la década de los sesenta, cuando trabajaba como defensor público.
El vuelo entre Nueva York y Washington fue breve, y no hubo suficiente tiempo para hablar del tiempo de Biden en su empleo durante la era de los derechos civiles.
Pero en momentos en que Biden está considerando su primer nominado a la Corte Suprema, esa época poco conocida de su vida podría arrojar luz sobre la experiencia personal que trae a la decisión. La conversación fue revelada por una persona en conocimiento del viaje que pidió no ser identificada.
Biden ya ha hecho historia al nominar a más defensores públicos, abogados de derechos civiles y abogados sin fines de lucro a tribunales federales en su primer año que cualquier otro presidente. Está aumentando no solo la diversidad racial y de género de los jueces sino también la diversidad de su experiencia profesional.
Es posible que esa tendencia se mantenga ahora que Biden contempla hacer historia nuevamente al designar a mujer negra para la Corte Suprema.
Si bien tres de los magistrados actuales tienen experiencia como fiscales, ninguno tiene experiencia como abogado defensor. El último magistrado con experiencia sustancial como abogado defensor fue Thurgood Marshall, un abogado de derechos civiles nominado hace 55 años. Fue la primera persona de raza negra en ascender al máximo tribunal, y se retiró en 1991.
Algunas de las mujeres en la lista de Biden como potenciales candidatas al máximo tribunal tienen amplia experiencia como abogadas defensoras o en el campo de los derechos civiles: Ketanji Brown Jackson, de 51 años, por ejemplo, ha trabajado como defensora pública y sirvió en la Comisión de Sentencias antes de ser nominada a un tribunal por el presidente Barack Obama. Eunice Lee, de 51 y nombrada por Biden para la Corte de Apelaciones del 2do Circuito en agosto, es la primera ex defensora federal en trabajar en ese tribunal.
Las designaciones judiciales hechas por Biden hasta ahora dejan claro su interés en la diversidad profesional.
Casi el 30% de los jueces federales nominados por Biden han sido defensores públicos, el 24% han sido abogados de derechos civiles y el 8% han sido abogados de derechos laborales.
Para el final de su primer año en la presidencia, Biden había obtenido la confirmación de 40 jueces, el número más alto desde Ronald Reagan. De ellos, el 80% son mujeres y el 53% son personas de color, según la Casa Blanca.
“Es sumamente importante tener una diversidad de perspectivas y que el sistema judicial refleje las experiencias y las perspectivas de la gente que acuden a sus tribunales”, explicó Lisa Cylar Barrett, directora de políticas del departamento legal y educativo de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP).
La Corte Suprema escucha apenas una fracción de los casos federales presentados cada año. Unos 400.000 casos son presentados ante tribunales federales cada año. Unos 7.000 son presentados a la Corte Suprema, que al final examina apenas unos 150.
La mayoría de los jueces designados a tribunales federales han sido fiscales, abogados corporativos o ambos. Una encuesta hace tres años halló que más del 73% de los jueces federales en funciones eran hombres y que más del 80% eran blancos, según el Center for American Progress.
Tener diversidad en los tribunales redunda en un sistema judicial más justo, dicen activistas. Los jueces se inspiran en su experiencia personal para evaluar argumentos y decidir casos, y aprenden también unos de otros. Los defensores públicos a menudo representan a los indigentes y marginados y a los que no pueden pagar por abogados.
“Representan a un 80% de las personas que no tienen dinero para pagar su propio abogado”, afirmó Emily Galvin-Almanza, una ex defensora pública que fundó el grupo sin fines de lucro Partners for Justice. “Por lo tanto, cuando nombras como juez a un defensor público, estás poniendo allí a una persona que escucha las cosas de manera distinta, una persona que sabe las experiencias de los que no tienen voz”.
El breve periodo en que Biden fue defensor público no es muy conocido, y no está incluido en la biografía oficial publicada por el website de la Casa Blanca. El mandatario más bien prefiere hablar de sus 36 años como senador y su tiempo como titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el que presidió sobre seis nominaciones a la Corte Suprema.
Pero a veces Biden ha hablado del tiempo en que era defensor público. Es una experiencia que ha influido en algunas decisiones suyas como presidente, como la de dar subsidios federales para defensores públicos y o la de ampliar otros esfuerzos para esa labor.
“Los derechos civiles, la Guerra de Vietnam y los abusos de poder cometidos por el presidente Nixon fueron las razones por las que empecé mi carrera pública”, declaró Biden en un discurso en el 2019 en Carolina del Sur, como parte de su campaña presidencial.
“Es por eso que decidí renunciar a un prestigioso bufete de abogados y ser defensor público, porque había gente, los que más necesitaban ayuda, que no tenían dinero para pagarle a alguien que les defienda”, agregó.
En su autobiografía del 2007 calificó el trabajo del defensor público como “la labor de Dios”.
Biden prometió durante la campaña nominar a una mujer negra para la Corte Suprema, y pasó su primer año en el cargo nombrando a mujeres negras a tribunales federales a fin de tener un buen círculo de candidatas. La mayoría de los jueces designados a la Corte Suprema han venido de tribunales federales, pero no es un requisito indispensable. Entre los magistrados actuales, solo Elena Kagan no fue jueza federal.
Los jueces federales suelen ser elegidos de tribunales estatales, que también carecen de diversidad. Pero los intentos de Biden se hacer más diversos a los tribunales federales podría afectar también a la judicatura a nivel estatal.
“Ni los tribunales estatales ni los federales reflejan la diversidad de las comunidades a las que sirven, ni la diversidad de la profesión legal”, explicó Alicia Bannon, directora del programa de leyes del Centro Brennan para la Justicia en la Escuela de Derecho de la NYU. “Pero tenemos esperanzas de que eso esté lentamente cambiando”.
Biden ha prometido un rigoroso proceso de seleccción para nombrar a una candidata a la Corte Suprema. El equipo asesor, dirigido por el ex senador demócrata Doug Jones, está revisando escritos, declaraciones públicas, fallos judiciales y la biografía personal de cada candidata, entrevistando a cada una y a sus allegados.
Se estarán examinando todos los antecedentes de la persona en cuestión, e incluso su historial médico pues, al final de cuentas, el cargo es vitalicio.
El objetivo es darle al presidente toda la información posible sobre la filosofía judicial de la candidata, su aptitud para estar en la corte y su estado de preparación para el debate sobre su confirmación.
Si bien las entrevistas formales vienen después, Biden ya hablado con algunas de ellas antes, cuando fueron designadas a otros tribunales.
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Contribuyó a esta nota la corresponsal Lisa Mascaro.