Acabar con el miedo a la criminalización y al estigma es el principal reto de las activistas mexicanas y estadounidenses para ayudar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en casa de forma segura en Texas, un estado donde el aborto es prácticamente inviable najo una nueva ley, afirmó el sábado la activista Verónica Cruz, directora del grupo “Las Libres”.
Cruz habló al culminar un encuentro de tres días en el que una treintena de grupos de ambos lados de la frontera buscaron estrategias para esquivar las más recientes prohibiciones estadounidenses y para que las mujeres más vulnerables, entre ellas las migrantes, puedan tener un aborto seguro con fármacos en sus casas.
Texas se convirtió en septiembre en el estado de la Unión Americana con más restricciones para abortar, ya que su nueva ley, además de prohibir la práctica desde que se detecta actividad cardiaca —generalmente sobre la sexta semana, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas— permite que cualquier ciudadano pueda denunciar a quienes colaboren o ayuden a realizarlo.
Las activistas mexicanas consideraron que había llegado la hora de devolver la ayuda que habían recibido de sus vecinas cuando los derechos reproductivos eran más respetados en Estados Unidos que en México, una tendencia que ahora va a en sentido contrario.
Antes del encuentro, que tuvo como lema “Acompañando del Sur al Norte”, las mexicanas pensaban que lo más complicado sería poner en manos de las mujeres en territorio estadounidense las píldoras abortivas —el misoprostol y la mifepristona—, con las que se realizan abortos en casa con protocolos avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Los dos fármacos son legales en ambos países, pero en Estados Unidos precisan receta médica, mientras que en México el misoprostol es de uso libre y los grupos de activistas pueden conseguir el combinado de ambos —que es más efectivo— de forma gratuita mediante donaciones.
Sin embargo, Cruz destacó que colocar el medicamento “no parece el reto mayor” puesto que ya han ideado maneras creativas de cruzarlo y moverlo clandestinamente, por ejemplo, dentro de juguetes o cosido entre la ropa.
El problema serio, agregó la activista y abogada, radica en dejar claro el mensaje de que “a pesar de que haya leyes restrictivas, quien tiene las leyes restrictivas no tiene la razón”.
“Hay que derrumbar todos esos mitos, todos esos estigmas, toda esa carga negativa que tiene el aborto”, añadió.
Varios grupos de Estados Unidos, cuyos nombres no quisieron divulgar las activistas por cuestiones de seguridad, han intensificado las medidas de seguridad para ayudar a quienes les contactan —por ejemplo, con llamadas encriptadas o sin ofrecer nombres o direcciones concretas— porque la estrategia de las autoridades texanas es ahorcarles financieramente si violan la ley para que no puedan seguir operando, explicó la mexicana Amelia Ojeada, de la organización UNASSE.
“No te voy a meter a la cárcel, pero sí vas a tener que pagar 10 mil dólares” por cada proceso legal, dijo al ejemplificar la estrategia del estado.
Las mexicanas, con años de experiencia en esquivar barreras legales y sociales y que abogan por acompañar abortos en casa sin necesidad de supervisión médica, sobre todo en las 12 primeras semanas, aseguraron haber creado las bases para transmitir a las mujeres en Estados Unidos que es posible abortar de manera segura y con acompañamiento virtual, aunque la legislación apunte en sentido contrario.
Dijeron que lo harán mediante “redes hormiga”, divulgando la información —algo que no es un delito—, no únicamente en redes sociales sino boca a boca, mediante colectivos aliados y de la manera más creativa que se les ocurra, desde colocar etiquetas autoadhesivas en baños de bares a utilizar códigos QR o escribir teléfonos de apoyo en billetes.
Cruz informó que el temor que percibió entre las estadounidenses fue similar al que Las Libres encontraban hace años en colectivos mexicanos más pequeños, que se originaron para acompañar abortos en casa cuando era ilegal en todo el país.
“Entonces les presentábamos lo peor que podía pasar y les decíamos: si te meten en la cárcel ¡te vamos a sacar!”, recordó esta abogada que se especializó en liberar a mujeres que fueron sentenciadas a años de prisión por abortar en las zonas más conservadoras de México.
Ahora, el aborto es legal en cuatro de los 32 estados mexicanos y desde septiembre nadie podrá ser criminalizado por este motivo. La Suprema Corte de Justicia de México, un país profundamente católico, sentenció que el aborto no es un crimen. Con ello abrió la puerta a su despenalización gradual en el resto de la república.
Por eso, Cruz insistió en que la vía es informar una y otra vez a las mujeres de que hay maneras de abordar sin peligro si quieren hacerlo y sin que nadie se entere. “Hay que confrontar el miedo, el tuyo el primero, porque eso es lo que da miedo al otro”, afirmó.