Un tribunal de El Cairo desestimó la acusación sobre su responsabilidad en la sangrienta represión de las protestas de 2011, y lo absolvió de las acusaciones de corrupción que pesaban contra él.
Pese a ello, Mubarak, que dirigió el país con mano de hierro durante 30 años, continuará detenido en un hospital militar cumpliendo una pena de tres años por otro caso de corrupción.
Sus dos hijos, Alaa y Gamal, igualmente juzgados junto a su padre, quedaron absueltos por la prescripción de los delitos de los que se les acusaba.
En el exterior de la academia policial donde se celebraba el juicio, Mustafá Mursi, que perdió a su hijo Mohamed durante la revuelta de 2011, lamentaba la sentencia: “Este veredicto es injusto. La sangre de mi hijo se derramó en vano”.
Para el abogado de Mubarak, Farid al Deeb, el veredicto “prueba la integridad” de su régimen.
La fiscalía y la acusación civil podrán recurrir los veredictos de este sábado.
Durante el proceso por la muerte los manifestantes, siete altos responsables de seguridad, entre ellos el exministro de Interior de Mubarak, Habib al Adly, fueron declarados inocentes por el juez Mahmud Kamel al Rashidi.
El veredicto estaba previsto para el 27 de septiembre pasado, pero el magistrado lo había aplazado aduciendo que no había tenido el tiempo suficiente para leer las 2.000 páginas del expediente.
Mubarak, de 86 años, había sido condenado en junio de 2012 a cadena perpetua, pero la sentencia fue anulada por razones técnicas, lo que llevó a la celebración de otro juicio, que comenzó en mayo de 2013.
Más de 840 personas murieron en los 18 días que duró la revuelta popular de 2011 contra el régimen de Mubarak, en la que los manifestantes le exigían que abandonara el poder, y la brutalidad policial y los abusos de las fuerzas de seguridad fueron precisamente una de las causas del levantamiento.
’No hice nada malo’
En los últimos días, la prensa egipcia apostaba por una posible absolución, debido al cambio del clima político del país desde 2012.
Los juicios contra Mubarak, muy mediatizados al principio, pronto fueron eclipsados por los de su sucesor, el islamista Mohamed Mursi, derrocado en julio de 2013 por el anterior jefe del Ejército y actual presidente, Abdel Fatah al Sisi.
Mursi y casi la totalidad de los dirigentes de su organización, los Hermanos Musulmanes, han acabado entre barrotes, y muchos son pasibles de la pena de muerte en diversos juicios.
Los medios de comunicación y buena parte de la opinión pública los acusan ahora de la violencia política desatada en 2011 y que continúa sacudiendo el país.
Por otra parte, la policía ha quedado en cierta medida rehabilitada en la medida en que la prensa aprueba la represión de las fuerzas de seguridad a los islamistas pro-Mursi.
Tras el golpe que derrocó al primer presidente elegido en democracia en Egipto, más de 1.400 manifestantes islamistas murieron a manos de la policía y el ejército, principalmente en El Cairo, y más de 15.000 hermanos musulmanes y simpatizantes fueron encarcelados.
Centenares de ellos han sido condenados a muerte en juicios colectivos y sumarios, calificados por la ONU como procesos “sin precedente en la historia reciente” del mundo.
El poder también ha reprimido a la oposición laica y de izquierda, encarcelando a decenas de jóvenes militantes por infringir una controvertida ley que limita el derecho a manifestarse.
Mubarak aseguró en agosto que él “no había ordenado nunca la muerte de manifestantes” y tenía “la conciencia tranquila”.
Transportado de vuelta al hospital militar donde cumple condena, el anciano salió al balcón de su habitación, en silla de ruedas y con sus eternas gafas de sol, para saludar a los partidarios llegados para expresarle su apoyo.
En una entrevista telefónica con la televisión poco después de conocerse el veredicto, Mubarak quiso reafirmar su inocencia: “Yo no hice nada malo”, afirmó.