Ante esta situación, Adrianzén solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, mediante sus consulados en todo el país norteamericano, averiguar mayores detalles sobre este hecho y asistir y proteger a los peruanos afectados.
‘Es absurdo que el gobierno de los Estados Unidos que solo durante la gestión del presidente Obama ha expulsado a más de 2 millones de inmigrantes indocumentados, ahora se haya convertido en el mayor empleador de irregulares, más aún cuando esta práctica se la prohíbe a empresas privadas’, dijo Adrianzén.
Indicó que los migrantes irregulares detenidos son obligados incluso cuan*do están mal de salud a realizar trabajos de cocina, limpieza y lavandería, por el que reciben una paga irrisoria de 13 centavos de dólar la hora cuando la paga mínima es de 7.25 dólares por hora trabajada.*
Sostuvo que de acuerdo al diario The New York Times en el 2013, 60 mil indocumentados de diferentes nacionalidades, fueron obligados a realizar estos trabajos, lo que implicó un ahorro de alrededor de 40 millones de dólares para el gobierno norteamericano y las compañías privadas que administran los centros de detención.
‘Rechazo esta abusiva política carcelaria del gobierno federal de Estados Unidos. Cuando al Gobierno federal le conviene, los migrantes irregulares sí pueden trabajar en su territorio, pero cuando no, son perseguidos sistemáticamente. Son personas que, en una gran mayoría, sólo han cometido una falta administrativa civil’, indicó Adrianzén.