SANTIAGO (AP) — La intensificación del control en la frontera norte de Chile con Perú y Bolivia con varios centenares de militares destinados a la zona, como medida para frenar la inmigración ilegal masiva, redujo la incesante llegada de extranjeros indocumentados pero también afectó a los pobladores de la zona fronteriza.
“Los militares está bien, que da orden es su deber, yo entiendo”, pronunció el miércoles Flora García, residente de Colchane, un pequeño poblado a unos 2.000 kilómetros de distancia al norte de la capital chilena. “Pero también que nos entienda a nosotros, que no se ponga cerrado”, reclamó la mujer sobre la exigencia de que el cruce de frontera se haga necesariamente por la zona de control.
Casi a diario centenares de personas cruzan de un país a otro para hacer compras o vender sus productos, sin realizar ningún trámite burocrático, pero ahora con los militares están teniendo algunos inconvenientes. García afirmó que los uniformados les dicen que la frontera se cerró, “pero no es así”. Varios han dicho que los han detenido, a pesar de explicar que ellos están acostumbrados a moverse entre Chile, Perú y Bolivia.
El alcalde de Colchane, Javier García, explicó a The Associated Press que “los migrantes están ingresando por sectores mucho más alejados del control fronterizo”, esto es, a 15 o 20 kilómetros de esa comunidad que, que por mucho tiempo, se veía copada por extranjeros. Muchos acampaban en playas y en algunas de las principales plazas de ciudades como Iquique, 1.800 kilómetros al norte.
Poco más de 330 militares fueron desplegados a comienzos de semana en las norteñas regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para colaborar con la policía en el control de los inmigrantes ilegales, un problema que el gobierno del presidente Gabriel Boric no ha podido solucionar desde que llegó al poder hace un año. Han detenido a un número no precisado de personas.
Boric, con el apoyo del Congreso, entregó a las fuerzas armadas facultades que no poseían y ahora pueden realizar controles de identidad, revisar equipaje e incluso detener a quienes sospechan que están cometiendo delitos. Varias extranjeros, incluidas varias familias, han sido retenidas por los uniformados, los que están obligados a entregarlos a la policía en un plazo máximo de 24 horas.
El subteniente del ejército Claudio Guzmán explicó a AP que “el trabajo que tenemos con las policías es apoyar con tecnología y transporte para el control de la migración ilegal y el narcotráfico”.
El decreto para usar a las fuerzas armadas en el control fronterizo dura 90 días y, con el respaldo del Congreso, es prorrogable por otros tres meses.
Los extranjeros indocumentados son trasladados de regreso a Perú o Bolivia por el mismo paso irregular por el que entraron, pero en el caso del gobierno de La Paz, sólo recibe a sus connacionales y a los otros los rechaza. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile en 1978 y sólo hay vínculos consulares.
El gobierno afirma que no está prohibido ingresar a Chile y que lo que no se acepta es cruzar por pasos ilegales.
La presencia militar en la frontera fue solicitada por autoridades locales de ciudades del norte.