VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)
La organización ha lamentado en un comunicado que, con esta actuación, se incumple la "reiterada" recomendación del Defensor del Pueblo de que no se incoeen este tipo de sanciones a las personas extranjeras que acudan a denunciar porque esta práctica constituye "una vulneración del Estatuto de la víctima del delito y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica".
El hombre y otro compañero también de origen colombiano fueron el pasado 5 de diciembre a la Comisaría de Burjassot-Godella a formular una denuncia por la destrucción de sus pasaportes. Sus documentos, según València Acull, se habían quemado hacía unos días en el incendio de la autocaravana donde dormían, propiedad de la empresa en la que trabajaban.
Tras presentarla, les hicieron esperar mientras realizaban consultas y les citaron para dos días después en la Sección de Extranjería de la misma comisaría. El día 7 acudieron a la cita y a uno de ellos le iniciaron un procedimiento de sanción por estancia irregular; al compañero no pudieron porque aún contaba con permiso de turismo.
Su abogada presentó alegaciones en contra, pero la misma policía de Burjassot las rechazó al considerarlas improcedentes. En la resolución policial, se justificaba la expulsión indicando que el joven entró como turista con la intención de quedarse a vivir en España, residía solo porque sus familiares estaban en Colombia y trabajaba sin alta en la Seguridad Social. Además, se afirmaba que tenía pendiente una propuesta de sanción grave por un asunto relacionado con drogas.
Sin embargo, el joven asegura que nunca había tenido ningún problema legal: "Nunca me habían sancionado por nada. Tampoco es verdad que toda mi familia resida en Colombia, no le dije eso a la policía. Vivo con mi mamá desde que llegué".
Su abogada ha presentado nuevas alegaciones contra la propuesta de expulsión, que ahora está pendiente de la decisión de la Delegación del Gobierno. En el escrito, además de destacar que carece de antecedentes penales y policiales, se ponen de manifiesto los "fuertes vínculos que mantiene con España" ya que está formándose académicamente y en el país residen varios familiares que han iniciado en proceso de regularización.
También se detalla en las alegaciones toda la argumentación que el Defensor del Pueblo ha expuesto al Gobierno desde 2004, cuando formuló la primera recomendación al Ministerio del Interior "a fin de que no se incoaran expedientes sancionadores a los extranjeros en situación irregular que acudían a las comisarías de policía a denunciar delitos".
Esa recomendación fue asumida parcialmente para proteger a las víctimas de violencia de género (suspensión de sanción por estancia irregular y concesión de autorización de residencia provisional mientras se tramita el procedimiento penal), pero "seguían corriendo riesgo de expulsión el resto de víctimas de delitos en situación irregular", denuncia la entidad. La propuesta de expulsión está pendiente de la decisión de Delegación del Gobierno.