PANAMÁ (AP) — Una jueza penal llamó a juicio a 36 personas —entre ellas a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela— acusados de blanqueo de capitales debido a los millonarios sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para conseguir jugosos contratos de obras públicas en Panamá, en uno de los mayores casos de corrupción en el país centroamericano y el continente.
También fueron llamados a juicio varios exministros del expresidente Martinelli --quien ha reiterado su intención de ser candidato presidencial en 2024-- y sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, que cumplen prisión en Estados Unidos tras confesar su participación en un esquema de sobornos por 28 millones de dólares.
El Ministerio Público en su cuenta de Twitter señaló que la “Fiscalía Especial Anticorrupción logró el llamamiento a juicio para 36 personas, entre estos dos expresidentes de la República, seis exministros, dos hijos de un expresidente (2009-2014), y otros exfuncionarios, empresarios y particulares por blanqueo de capitales” debido al caso Odebrecht. No publicó los nombres de los procesados.
El tribunal fijó como fecha de audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto de 2023 y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre del mismo año. Para esta última fecha la juez designó defensores públicos alternos para garantizar el derecho de defensa en caso que no comparezcan los defensores particulares para evitar que el juicio se suspenda por ausencia de alguno de los abogados.
En 2024 habrá una nueva convocatoria a elecciones, en las que Martinelli aspira a retornar al poder de la mano de su Partido Realizando Metas, luego de distanciarse de la fuerza política Cambio Democrático, que también conformó y que lo llevó al poder en el 2009.
El abogado Ernesto Cedeño explicó que el llamamiento a juicio no impide que el expresidente pueda continuar con sus aspiraciones presidenciales. Según su planteamiento, el exgobernante mantiene el principio de inocencia durante el proceso judicial en su contra y de acuerdo a la constitución panameña sólo una sentencia condenatoria en firme de cinco años o más de prisión podría impedirle buscar de nuevo a la presidencia.
Anterior al caso Odebrecht, Martinelli resultó absuelto en dos juicios que enfrentó por cargos de espionaje a políticos, periodistas, gremialistas y figuras de la sociedad civil. Por solicitud de las autoridades judiciales panameñas, Estados Unidos extraditó a Martinelli para que enfrentara un proceso de espionaje telefónico.
El portavoz del expresidente Martinelli, Luis Eduardo Camacho, argumentó que el llamado a juicio del expresidente Martinelli constituye una “reiteración de la inseguridad jurídica que impera en Panamá”. Y señaló que con ello, la actual administración busca “desviar la atención de los abundantes actos de corrupción que le caracterizan”.
“Es un hecho claro que ante la enorme ventaja que registra el expresidente Martinelli en todas las encuestas de intención de voto. Sus rivales buscan impedir su triunfo en las elecciones de mayo de 2024, no con votos; sino con manipulaciones jurídicas”, sostuvo el portavoz de Martinelli.
Además del llamado a juicio de 36 personas, la jueza Baloisa Marquínez determinó el sobreseimiento provisional para 11 personas y la exoneración definitiva de una acusada, dijo el Órgano Judicial en un comunicado. El llamado a juicio ocurre luego de que se realizara una audiencia preliminar en septiembre pasado y la jueza se acogiera al plazo de ley para emitir su decisión.
Durante la pasada audiencia preliminar, los fiscales presentaron un complejo esquema para mover el dinero de las supuestas coimas durante el gobierno de Martinelli. El Ministerio Público describió la creación de múltiples sociedades anónimas que recibieron y transfirieron fondos para comprar bienes inmobiliarios, entre otros proyectos, donde circulaban elevadas sumas de dinero, y cuya fuente se atribuyo al pago de sobornos.
De acuerdo con las investigaciones, el gigante brasileño de la construcción pagó millones de dólares en sobornos para acceder a contratos con el Estado u otros beneficios en Panamá entre 2010 y 2014 durante el gobierno de Martinelli, quien niega que haya recibido coimas. Otros países de Latinoamérica también se vieron salpicados por el escándalo de sobornos de Odebrecht.
El ex presidente Varela, quien también fue llamado a juicio calificó el proceso de injusto y afirmó que lo enfrentará convencido de su inocencia. “El pueblo panameño merece saber toda la verdad del caso de Odebrecht y a la vez asegurarse que éste no sea utilizado para desviar la atención sobre los graves indicios de corrupción que se están dando en los tres órganos del Estado”, sostuvo el exgobernante en un comunicado difundido por la noche.
El Ministerio Público dijo por su parte que la voluminosa investigación que llevó adelante la fiscalía anticorrupción durante cinco años fue posible gracias a “herramientas de colaboración eficaz internacional que permitieron, a través de las declaraciones de culpabilidad de ejecutivos de la empresa Odebrecht en Suiza y su país de origen Brasil, establecer cómo esta empresa pagó coimas a funcionarios panameños para obtener el beneplácito para la construcción de obras en nuestro país”.