PHOENIX (AP) — Una controversial ley de Arizona que restringe la manera en que el público puede grabar a la policía enfrentó el martes su primera impugnación en los tribunales con una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
La representación de la ACLU en Arizona, a la que se sumaron diversas organizaciones noticiosas del estado, presentaron una petición ante una corte federal. Argumentan que la ley criminaliza las libertades otorgadas en la Primera Enmienda de la Constitución.
“La ley constituye una violación a un derecho constitucional vital y coartará severamente los intentos para aumentar la rendición de cuentas a la policía. Debe ser anulada antes de que cause un daño irreparable a la comunidad”, dijo la ACLU en un comunicado en su blog.
En su denuncia, el grupo sostiene que la ley no sólo tiene “problemas constitucionales flagrantes” sino que también es demasiado ambigua en algunos aspectos. Los inconformes buscan una orden judicial que prohíba la entrada en vigor de la ley e impida que otros la apliquen.
El secretario de Justicia de Arizona, Mark Brnovich, la fiscal general del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, y el jefe de policía del condado de Maricopa, Paul Penzone, figuran como demandados.
Brittni Thomason, portavoz de la oficina de Brnovich, se negó a comentar ya que su oficina no ha recibido una copia de la demanda. La oficina de la secretaria estatal de Justicia no hace declaraciones sobre acciones legales pendientes, dijo la portavoz Jennifer Liewer. La oficina de Penzone no respondió de momento a la solicitud de comentarios sobre el asunto.
Muchos de los videos que son grabados por transeúntes con sus celulares son responsables de exponer casos de mala conducta policial, como la muerte de George Floyd a manos de agentes de Minneapolis en 2020, y de reconfigurar el debate sobre transparencia policial.
Sin embargo, algunos legisladores de Arizona afirman que se necesita una medida para restringir la presencia de personas con cámaras que deliberadamente obstruyen a los agentes.
La ley, que el gobernador Doug Ducey promulgó en julio, vuelve ilegal grabar a policías a menos de 2,5 metros (8 pies) de distancia sin el permiso del agente. Un agente puede ordenar a alguien que deje de grabar incluso si lo hace dentro de una propiedad privada con el consentimiento del propietario si el policía considera que están interfiriendo o que se trata de zona insegura.
El incumplimiento de la medida sería un delito menor que posiblemente se sancione con una multa y sin tiempo en prisión.
La ley fue elaborada por el representante estatal republicano y exagente de policía John Kavanagh, quien argumentó que los policías necesitan ser capaces de hacer su trabajo sin interferencia.