SALTA, Argentina (AP) — Feministas argentinas dejaron a un lado las diferencias que las suele separar de las mujeres católicas al brindar su apoyo a las 18 carmelitas descalzas que denunciaron al arzobispo de la ciudad de Salta y a otros dos sacerdotes por violencia de género.
La explanada que rodea al Convento de San Bernardo en Salta, a 1.400 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, congregó el martes a decenas de mujeres de todas las edades que respaldaron a las monjas de clausura que habitan en la imponente construcción colonial y que con su inédita denuncia han generado un sismo en una de las localidades más católicas del país.
Los señalados por las carmelitas son el arzobispo Mario Antonio Cargnello, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario Lucio Ajalla, acusados por las monjas de “violencia física, psicológica y económica” y quienes fueron intimados por un juzgado de Violencia Familiar y de Género a no acercarse al convento y a “abstenerse» de realizar cualquier tipo de acto violento.
El arzobispo niega los cargos. De los otros dos acusados no se conocen sus posturas puesto que no presentaron abogados. Elizalde fue designado por el Vaticano para escuchar a las monjas y evaluar su gestión del convento, pero el religioso terminó involucrado porque, según las religiosas, habría consentido los hechos denunciados.
Varias manifestantes que se congregaron a las puertas del convento de clausura portaban carteles que rezaban “Hermana Sí Te Creo” y “Basta de curas violentos”. Mientras enlazaban sus manos, las mujeres realizaron un abrazo simbólico al histórico edificio.
“A veces uno cree que las hermanas están en armonía, en una vida contemplativa, pero la violencia de la misma iglesia ha hecho que ellas puedan decir basta”, dijo a The Associated Press Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Natalia Buira, abogada y defensora oficial civil, dijo que las autoridades eclesiásticas “van a tener que repensar el rol de la mujer…y entender que no deben someter a las hermanas en la iglesia ni a las mujeres en la vida publica”.
“Ninguna mujer debe vivir una situación de violencia….una vida libre de violencia no es un eslogan sino que es un derecho”, sostuvo por su parte Tania Kiriaco, de la Fundación Gema Género y Masculinidades.
A la manifestación acudieron también integrantes de Marea Feminismo Popular, Las Juanas y el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género de la provincia de Salta. Las feministas argentinas, que en general se expresan en contra del catolicismo, están sorprendidas del paso que han dado las religiosas en un distrito tan conservador.
Mientras se producía la protesta, Cargnello participaba en una asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina cerca de Buenos Aires. El arzobispo y los otros denunciados habían sido citados a una audiencia judicial el martes para que dieran su versión sobre las acusaciones, pero la cita fue suspendida por la jueza a cargo de la causa, luego de que el arzobispo notificó su participación en el encuentro religioso.
El episodio que empujó a la formalización de la denuncia ocurrió en el convento en octubre de 2020, durante el velatorio de una monja.
Según los abogados de las carmelitas, Cargnello dio un responso de muy mal talante ante el féretro porque cerca estaba instalada una imagen de la llamada Virgen del Cerro, muy popular en Salta luego de que una mujer dijo en los años 90 que se le había aparecido, y a la cual el arzobispo no reconoce, lo que genera tensiones con las monjas desde hace tiempo.
El momento de violencia física habría ocurrido cuando una hermana filmó el momento del velatorio, lo que provocó que el sacerdote Ajalla se abalanzara sobre ella para quitarle la filmadora. La priora recuperó la máquina y luego habría recibido golpes en los brazos propinados por el arzobispo y Ajalla.
Material visual y audios acompañaron la denuncia, que recogió además supuestas agresiones físicas ocurridas en otras situaciones y amenazas verbales. Las monjas también acusaron al arzobispo de mantener bloqueada la renovación del cargo de la priora, lo que estaría generando problemas para administrar el monasterio con un consiguiente perjuicio económico.
La defensa del arzobispo niega el supuesto maltrato y sostiene que el verdadero trasfondo de esta historia sería económico. Al respecto señaló que hay que poner el foco en un laico que administra las propiedades de las carmelitas.
La jueza busca determinar, a partir de los argumentos esgrimidos por los acusados y los informes psicológicos que deben realizarse todas las partes, cuáles serían las próximas medidas, que pueden incluir acciones penales. Se desconoce si la magistrada fijará una nueva fecha para escuchar a los religiosos.