WASHINGTON (AP) — La prohibición de solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México por razones de salud pública fue impuesta por un presidente que quería restringir la inmigración por completo. Será retirada pronto por un presidente que enfrenta crecientes presiones de su propio partido para abrir las puertas a los migrantes.
El sendero que tiene adelante el presidente Joe Biden no será fácil. Con el fin de la prohibición, que se concretará el 23 de mayo, Biden enfrentará un esperado aumento de migrantes en la frontera y con un sistema incapaz de manejar flujos tales de migrantes y que ya tiene un retraso de más de 1,7 millones de solicitudes de asilo.
Los republicanos ya están deseosos de echarle la culpa a Biden por las esperadas imágenes de miles de personas en instalaciones temporales atestadas en la frontera.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) anunciaron el viernes que el mes próximo retirarán la prohibición a los solicitantes de asilo, conocida como Título 42. La prohibición se había vuelto cada vez más difícil de justificar mientras acababan gradualmente las restricciones por la pandemia en Estados Unidos.
Muchos demócratas y defensores de los inmigrantes consideraban la prohibición nada más que una excusa de Estados Unidos para evadir su obligación moral y legal de ofrecer refugio a los solicitantes de asilo en la frontera.
Al demorar el fin del Título 42 durante casi dos meses, Biden pareció estar buscando un equilibrio político entre los centroizquierdistas que querían eliminar esa política y los demócratas moderados que se han sumado a los republicanos en el respaldo a las restricciones. Pudiera acabar terminando sin satisfacer a ninguna de las partes.
El esperado influjo de migrantes pudiera crear una crisis política para Biden de cara a las elecciones de medio mandato, en noviembre. Ese debate se centrará muy probablemente más en el partidismo que en los hechos.
Las actitudes estadounidenses sobre la inmigración se basan en percepción, no en la realidad, recalcó René D. Flores, profesor de Sociología en la Universidad de Chicago y que estudia opinión pública e inmigración.
“No se trata de decidir cuál es la política de inmigración más sensata”, afirmó. “Se trata de lidiar con la percepción pública”.
El presidente ya ha enfrentado críticas de demócratas y republicanos sobre su manejo de la inmigración.
Los republicanos dicen que sus pasos para anular las restricciones de la era de Donald Trump han llevado a un aumento de los cruces ilegales. Los demócratas han criticado al gobierno por continuar utilizando una política que ha forzado a los migrantes a regresar a México para esperar allí el procesamiento de sus solicitudes, aunque la Corte Suprema reinstauró esa política.
Un sondeo realizado el año pasado por Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que la mayoría de los estadounidenses desaprobaban cómo Biden había lidiado con el creciente flujo de niños migrantes y de migrantes haitianos en la frontera con México. La aprobación de sus otras gestiones en política de inmigración fue más baja que en otros asuntos importantes.
Ryan Enos, profesor de Gobernabilidad en la Universidad de Harvard, expresó dudas de que el fin del Título 42 vaya a cambiar mucho la opinión pública, especialmente cuando las opiniones sobre inmigración están tan polarizadas.
“Cualquier asunto aparte de la economía va a ser marginal”, declaró.
El espacio de siete semanas entre la orden anunciada el viernes y la expiración de la prohibición de asilo, a fines del mes próximo, busca darles a los funcionarios tiempo suficiente para aumentar el personal en la frontera, incluso erigir tiendas de campaña para el esperado repunte de solicitantes de asilo. Le permite además al gobierno vacunar a más migrantes en la zona fronteriza.
Mientras tanto, no obstante, ha creado un embrollo de política.
Casi todos los migrantes que tratan de cruzar la frontera a Estados Unidos serán rechazados bajo una autoridad especial de salud que los funcionarios estadounidenses dicen que ya no es necesaria. La brecha les da además a los oponentes de suspender la prohibición para entablar demandas.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, acusó a Biden de negarse a escuchar a los estadounidenses y de haber “optado por poner en peligro la seguridad de aquellos estadounidenses a quienes juró proteger y defender, al poner fin a las expulsiones bajo el Título 42”.
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que la decisión “confirma que el presidente Biden ha renunciado a sus responsabilidades y está trabajando activamente para empeorar la crisis en la frontera. Desde el primer día de su gobierno, él no ha protegido la seguridad y la frontera de nuestra nación”.
Del otro lado, Biden enfrenta críticas por esperar tanto para actuar.
“La continuación del uso de esta política —incluso por los próximos dos meses— es indefendible e injustificado”, afirmó Efrén Olivares, subdirector de Asuntos Legales para el Proyecto de Justicia del Inmigrante de la organización Southern Poverty Law Center.
Las restricciones del Título 42 entraron en vigor bajo el gobierno de Trump en marzo de 2020, cuando los casos de coronavirus se disparaban. Aunque los funcionarios dijeron entonces que eran una forma de impedir la diseminación del COVID-19 en Estados Unidos, siempre existieron las críticas de que las restricciones fueron usadas como pretexto para sellar la frontera a los migrantes que Trump no quería dejar entrar de todas maneras.
Fue quizás la más amplia de las acciones de Trump para restringir los cruces fronterizos y combatir la migración y él instituyó la política pese a las objeciones de los CDC, según reportó la The Associated Press. La orden de salud ha hecho que migrantes sean expulsados de Estados Unidos más de 1,7 millones de veces desde marzo de 2020, sin tener una oportunidad de pedir asilo.
Biden llegó a la presidencia con promesas de reinstaurar políticas de inmigración más “humanas” después del gobierno de Trump, que entre otras cosas separó a miles de niños de sus padres en la frontera, pero Trump cambió drásticamente la forma en que funciona el sistema estadounidense, reduciendo el número de solicitantes de asilo admitidos y aumentando las restricciones a tal grado que se ha causado una acumulación colosal de casos retrasados en las cortes.
Biden deshizo muchas de las políticas de Trump y elevó los límites al número de solicitantes de asilo, pero algunos de sus intentos fueron frenados en las cortes, incluso el esfuerzo para poner fin a la política de “Permanecer en México”, que fuerza a los migrantes a esperar en México mientras se procesan sus pedidos de asilo. La Corte Suprema reinstauró esa política y hay miles de personas esperando aún en México por una oportunidad de asilo.
Funcionarios del gobierno admiten que es muy probable que habrá un influjo grande en la frontera una vez que se retire la prohibición, incluso ucranianos desplazados por la invasión rusa.
El gobierno estadounidense está erigiendo tiendas de campaña, aumentando el número de agentes, contratando a más empleados civiles y trabajando para reducir el actual retraso de procesamiento de casos.
Jessica Bolter, una analista de políticas en el Migration Policy Institute, cree que los lugares más afectados pudieran ser Del Rio, en Texas, y Yuma, en Arizona, que ya están abrumadas.
“Como fuera se iba a ver un aumento significativo en los cruces fronterizos”, afirmó. “Hasta cierto punto, el gobierno no tiene muchas opciones”.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el viernes que una solución a largo plazo “solamente puede producirse de una legislación amplia que implemente una reforma duradera a un sistema fundamentalmente roto”.
Biden sabe que son muy remotas las perspectivas de que los demócratas y los republicanos se unan en un acuerdo así.
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Los periodistas de The Associated Press Elliot Spagat en San Diego y Lisa Mascaro, Nomaan Merchant y Farnoush Amiri contribuyeron para este reportaje.