LIMA (AP) — La justicia peruana evaluará el jueves un pedido de la fiscalía para prohibir la salida del país del expresidente Alberto Fujimori luego de que el Tribunal Constitucional ordenó excarcelarlo, informó el miércoles el Poder Judicial.
“La Cuarta Sala Penal Transitoria programó para mañana a las 08:30, audiencia pública para evaluar pedido fiscal de imponer 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente Fujimori por el caso ‘Pativilca’”, anunció la Corte Superior Nacional en sus redes sociales.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo de forma escueta a la televisora pública que respetarán el pedido de prohibición de salida del país solicitado por la fiscalía.
Los seis campesinos asesinados en la localidad de Pativilca fueron secuestrados, torturados y ejecutados por el mismo grupo militar que mató en otros dos eventos a 25 peruanos durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) y por el que el expresidente está cumpliendo una sentencia de 25 años de cárcel por su autoría mediata —lo que implica haber sido el autor intelectual— en ese crimen múltiple.
En el caso ‘Pativilca’, el expresidente Fujimori también es acusado como autor intelectual de las muertes y es juzgado junto a más de 20, entre ellos exmilitares, que integraron el grupo de asesinos.
Hace una semana el Tribunal Constitucional, en una decisión que no fue pública, ordenó liberar a Fujimori. Hasta el momento el Tribunal no ha publicado los argumentos de su polémica decisión, que ha recibido críticas de órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA.
La decisión del organismo peruano revivió un indulto humanitario ordenado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien con esta liberación buscaba recibir apoyo para su débil gobierno de un grupo de parlamentarios cercanos al encarcelado Fujimori.
La liberación de Fujimori en 2017 provocó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara a la Corte Suprema peruana revisar el indulto, el cual fue anulado en 2018 y Fujimori tuvo que retornar a prisión.
La actual orden de liberación de Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, ha provocado dos marchas en contra y en las que participaron cientos de peruanos. Un pequeño grupo de simpatizantes del expresidente también salieron a las calles a elogiar la decisión.
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas dijeron el martes en un comunicado desde Ginebra que la liberación de Fujimori “representaría un grave golpe a la justicia y al Estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”.
“La decisión del Tribunal Constitucional de liberar al Sr. Fujimori y de restablecer un indulto presidencial que le había sido concedido en 2017 parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad”, dijeron los expertos.
Fujimori fue condenado por ser autor mediato en el asesinato de 25 peruanos, incluido un niño de ocho años. Todos fueron ejecutados por un grupo clandestino de militares, financiado con dinero público, que empleaba métodos de guerra sucia en combatir el terrorismo de Sendero Luminoso.
El reciente fallo de los jueces del Tribunal Constitucional Augusto Ferrero, José Sardón y Ernesto Blume, permitirá que Fujimori salga una década antes del fin de su condena programada para el 10 de febrero de 2032. Otros tres magistrados votaron en contra, pero el voto favorable del presidente del Tribunal, Ferrero, se consideró como doble e inclinó la balanza en favor de Fujimori, según la ley.
Los abogados de Fujimori calculan que el exmandatario podría salir el jueves o la próxima semana de una cárcel exclusiva donde es el único preso.
Tras una década de gobierno, Fujimori se fugó en 2000 a Japón, desde donde renunció tras diversos escándalos de corrupción en su gestión. En 2005 viajó hacia Chile, donde fue detenido y luego extraditado a Perú en 2007.