GINEBRA (AP) — Un reporte anual de la agencia del trabajo de la ONU resaltó el viernes las malas condiciones de trabajo de los uigures y otras minorías musulmanas en la región china de Xinjiang, apuntando a indicios de “medidas coercitivas” que privan a los trabajadores de opciones libres para escoger empleos.
El informe llama a China a proveer más información sobre cómo está respetando los derechos de los trabajadores.
El reporte de un panel de expertos de la Organización Internacional de Trabajo a cargo de ayudar a los países a respetar sus compromisos internacionales enfatizó el aspecto de los derechos laborales en las políticas de Beijing en la región occidental china. Grupos activistas y gobiernos occidentales, entre otros, han expresado preocupación sobre el trato a los musulmanes de la región.
El documento de 870 páginas detalla además una serie de preocupaciones sobre decenas de países a los que llamó a mejorar las condiciones laborales.
El panel de 20 expertos internacionales independientes citó la defensa por China, en un reporte diferente, de lo que llama sus centros de entrenamiento vocacional en Xinjiang. Beijing dice que los centros tienen como objetivo ayudar a mejorar las condiciones económicas y prevenir violencia extremista en la región.
“El comité toma en cuenta la opinión expresada en el reporte del gobierno de que algunas fuerzas ‘sensacionalizan imprudentemente el asunto del llamado trabajo forzado en Xinjiang en varias ocasiones’, añadiendo que esto no es ‘nada más que una mentira descarada, un truco sucio con motivos ocultos’”, dice el documento de la Organización Internacional de Trabajo.
“El comité tiene que señalar, no obstante, que la situación de empleo de uigures y otras minorías musulmanas en China provee numerosos indicios de medidas coercitivas, muchas de las cuales provienen de documentos y políticas regulatorios”, escribieron los expertos.
Dijeron que “varios indicios” apuntaron a la reubicación de trabajadores bajo escolta de seguridad, la vigilancia estricta y la “retención” de trabajadores y “la amenaza de internamiento en centros vocacionales de entrenamiento si los trabajadores no aceptan ‘la administración gubernamental’”.