BOA VISTA, Brasil (AP) — El sol abrasador de la Amazonía cae como plomo mientras un grupo de agentes inspecciona el cuerpo de un helicóptero negro. Cerca, en el traspatio del cuartel general de la policía federal de la ciudad de Boa Vista, se encuentran más de 20 aeronaves, todas incautadas.
Algunas muestran signos de choques violentos: cabinas hundidas y alas rotas. Otras tienen interiores sin asientos para poder transportar más hombres y mujeres, además de motores adicionales, combustible, alimentos y otra carga. Antes de que fueran confiscadas, las aeronaves se usaban presuntamente para entrar y salir de sitios ilegales de extracción de oro.
Aquí, en el estado de Roraima, donde toda la extracción de oro es ilegal, este tipo de aeronaves son esenciales para transportar a buscadores de oro y equipos hacia reservas indígenas remotas, incluida la yanomami, la más grande de Brasil. Los grupos de derechos ambientales e indígenas estiman que hay unos 20.000 mineros ilegales en la reserva que tiene aproximadamente el mismo tamaño que Portugal. Funcionarios gubernamentales —incluido Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil— dicen que la cifra es más cercana a los 3.500.
“Nuestro enfoque durante este último año ha sido perseguir la logística de la minería ilegal”, dijo José Roberto Peres, el superintendente de policía del estado, a The Associated Press durante una entrevista en noviembre. “Estas son máquinas caras; podemos deducir que hay mucho dinero involucrado”.
La policía ha intensificado sus esfuerzos para identificar y capturar aeronaves que apoyan en la minería ilegal, pero rastrear a sus propietarios se ve obstaculizado por el hecho de que generalmente están registradas a nombre de testaferros: familiares, trabajadores o cónyuges que se niegan a dar nombres. Aun así, la policía dijo que ha identificado a los dueños verdaderos de la mayoría de los aviones que ha incautado, y los mantiene como evidencia mientras avanzan las investigaciones. Generalmente, los dueños de las aeronaves ilegales son miembros de las élites locales que lavan su dinero en hoteles, restaurantes, gimnasios y gasolineras de Boa Vista, según funcionarios policiales, quienes declinaron revelar nombres.
Atraídos por los altos precios del oro, la poca supervisión estatal y federal, y la obsoleta legislación minera, además de la retórica a favor de la minería y una propuesta de ley del presidente Jair Bolsonaro para legalizar la minería en las reservas, miles de mineros han acudido en masa a la reserva yanomami en busca del metal precioso, exacerbando un problema de mucho tiempo que sólo ha empeorado en los últimos años.
Una investigación de The Associated Press, que incluye entrevistas con fiscales, agentes federales del orden público, mineros y expertos de la industria, muestra que las aeronaves no autorizadas y los innumerables litros de combustible necesarios para ellas y otros equipos mineros forman la columna vertebral de la economía oscura de la minería ilícita aquí en el estado de Roraima. Si esa red no funcionara, las operaciones de minería ilegal colapsarían, dijeron funcionarios y expertos ambientales.
Pero los intentos de atacar esas operaciones ilícitas se han topado con muchas tácticas para enfrentar a las autoridades.
EVASIÓN AÉREA
Docenas de pilotos llegaron recientemente a Boa Vista desde otros estados en busca de trabajo durante la desaceleración económica de Brasil, un momento que coincidió con los altos precios del oro y una caída en las inspecciones debido a la pandemia de COVID-19.
Las recompensas potenciales para los pilotos superan los riesgos, que incluyen un posible arresto por parte de la policía o perderse en la vasta y prístina extensión de la Amazonía. El año pasado, un piloto se estrelló en la jungla y sobrevivió solo durante cinco semanas, perdiendo 26 kilos en el proceso. Otro desapareció cuando volaba entre dos regiones del territorio yanomami famosas por la minería ilegal. Los informes de los medios locales han documentado a numerosos pilotos perdidos y desaparecidos.
Pequeñas aeronaves viajan con frecuencia para transportar suministros hacia la reserva yanomami, que limita con Venezuela, y el oro extraído ilegalmente de ella. Helicópteros más ágiles utilizados para la logística interna, que se mueven de un sitio minero a otro dentro de la reserva, pueden saltar rápidamente la frontera más allá del alcance de las autoridades brasileñas.
Otra de las dificultades para hacer cumplir la ley es que los pilotos de la minería ilegal vuelan bajo para evitar la detección de radar, según el superintendente Peres. Además, los números de identificación en la cola de las aeronaves con frecuencia son modificados o eliminados para que sean más difíciles de rastrear.
Un exminero ilegal que dijo que solía operar en la reserva hasta que fue acusado, y habló con la AP bajo condición de anonimato, contó que las aeronaves que se usan en los sitios ilegales generalmente se mantienen en un lugar, son cargadas con suministros en otro, y después vuelan a la reserva yanomami. Las ubicaciones son cambiadas constantemente para tratar de evitar las incautaciones, dijo en una entrevista en una plaza pública junto al río en Boa Vista.
Es posible llegar a partes de la reserva Yanomami en barco. Sin embargo, los ríos son difíciles de navegar y el viaje puede tomar varios días, por lo que es una opción ineficiente como para confiar únicamente en ella. Así que los contrabandistas dependen en gran medida de las aeronaves.
El exminero y un portavoz de la policía federal dijeron a la AP que el costo promedio para llegar a tierras yanomami en aeronave es de 10 gramos de oro, con un valor de más de 500 dólares a precios de mercado negro.
La fiebre por el oro y la construcción de pistas de aterrizaje ilegales han creado fricciones con los grupos indígenas y han dado lugar a un repunte de la violencia. El año pasado, mineros mataron a balazos a dos jóvenes yanomami que cazaban cerca de un helipuerto clandestino.
Meses después, según un comunicado de la policía federal en ese momento, cuando allanaron las propiedades en busca de uno de los sospechosos, la policía encontró armas, dinero en efectivo y oro, aunque los sospechosos se habían ido hacía mucho tiempo.
“HAN TOMADO EL CONTROL”
Quienes están involucrados en el comercio ilegal de oro representan una amplia gama de individuos y compañías que van desde operadores turbios hasta negocios legítimos. Y diferentes agencias federales han tomado medidas drásticas contra las empresas criminales que se benefician de la minería ilegal en áreas protegidas.
La agencia de aviación civil de Brasil investiga a una empresa de taxis aéreos —Icaraí Turismo Táxi Aéreo— a la que el Ministerio de Salud del país le otorgó contratos gubernamentales para transportar a indígenas y equipos médicos. La agencia ha dicho que investigaba si la compañía también usa sus aviones para transportar buscadores de oro y suministros para la minería ilegal. La compañía no respondió a las solicitudes de comentario de la AP.
La policía federal también congeló 9,5 millones de reales brasileños (1,7 millones de dólares) en activos de un grupo que se cree que operaba la logística aérea ilegal en la reserva yanomami. Las investigaciones sugieren que el grupo realizó transacciones por un total de 425 millones de reales brasileños (75 millones de dólares) durante un período de dos años. Pero los informes del Consejo de Control de Actividades Financieras de Brasil indicaron que la cantidad de dinero estaba más allá de las posibilidades de los individuos, lo que sugiere un posible lavado de dinero, dijo la policía.
Los investigadores policiales descubrieron que el sospechoso principal, quien no fue identificado, había arrendado un terreno que bordea un bosque protegido e instaló un tanque de almacenamiento de combustible de aviación. Tenía permiso de la agencia ambiental estatal, a pesar de que era ilegal, según la policía federal. Las investigaciones señalaron que el hombre usó su compañía de taxis aéreos para abastecer las operaciones mineras ilegales. La policía dijo que los involucrados incluyen a sus dos hijos, a otras tres personas y a testaferros.
El regulador ambiental de Brasil, Ibama, también ha intensificado sus esfuerzos contra las operaciones ilegales de minería de oro. En septiembre pasado, la agencia cerró 59 pistas de aterrizaje clandestinas, cinco helipuertos y tres puertos fluviales dentro de la reserva yanomami. Los agentes también incautaron 11 aeronaves, ocho vehículos y tres tractores.
Más de 300 videos -en su mayoría cortos- filmados por agentes y que son parte de un informe obtenido por la AP, muestran aviones escondidos con lonas y maleza, además de reservas de combustible bajo las copas de los árboles en el bosque —a veces después de que los agentes les prendieron fuego. Los videos filmados por agentes desde helicópteros a menudo muestran a personas en tierra que huyen del lugar en automóvil, motocicleta o en botes pequeños. Tres videos muestran helicópteros que despegan justo cuando el avión de los agentes se acerca.
En su oficina en Boa Vista, en el estado de Roraima, el fiscal federal Alisson Marugal se paró junto a un mapa de la reserva yanomami y señaló su límite exterior. Allí, dijo, hay “muchas más” pistas de aterrizaje ilegales, la mayoría en propiedades privadas como granjas.
“Hay una gran demanda interna (que proviene de las minas ilegales en la reserva)”, dijo Marugal. “Por comida, por combustible… Y si esa demanda no se cumple, ellos (los mineros) se irán”.
“Al mismo tiempo, esa demanda tan grande siempre garantiza que haya proveedores dispuestos”, dijo.
Según datos proporcionados en exclusiva a la AP por MapBiomas, una red de organizaciones sin fines de lucro, universidades y empresas de tecnología que estudian el uso de la tierra en Brasil, hay al menos 40 pistas de aterrizaje dentro de la reserva yanomami, la mayoría de ellas ilegales.
Incluso las pistas de aterrizaje que se supone que debe usar el gobierno para enviar doctores y suministros médicos para los pueblos indígenas son utilizadas por los mineros ilegales, según Marugal.
El año pasado, un joven miembro de la tribu yanomami murió al ser golpeado por un avión pilotado por mineros ilegales.
“Se supone que es una pista de aterrizaje para nosotros, pero han tomado el control”, dijo enojado Junior Hekurari Yanomami, presidente del Consejo de Salud Indígena Yanomami y Ye’kwana, en una entrevista en su oficina.
El superintendente Peres, de la policía federal, dijo que a pesar de los esfuerzos intensificados para perseguir la minería de oro ilegal y las pistas de aterrizaje clandestinas en el estado de Roraima, lograrlo es todavía un reto.
“Es muy fácil hacer una pista de aterrizaje”, dijo.
INVERSION DE CAPITAL
La búsqueda de oro en la Amazonia de Brasil está muy lejos de la imagen folclórica de un hombre que vadea en el río con un plato de metal y un sueño. Tampoco se parece a las operaciones de baja tecnología de pozos masivos con miles de hombres que cargan sacos de tierra, inmortalizadas en las imágenes del famoso fotógrafo brasileño Sebastião Salgado.
En realidad, todo se ha vuelto más mecanizado. Las retroexcavadoras de alta potencia fabricadas por marcas internacionales como Hyundai y Caterpillar son capaces de abrir inmensas zanjas entre la tierra y los árboles. Los sitios de búsqueda de oro en la cuenca alta del río Tapajós, donde vive el grupo indígena mundurukú, parecen como si una bomba hubiera arrasado el bosque y dejado tras de sí charcos tóxicos.
A principios del año pasado, las autoridades allanaron un enorme campamento minero ilegal en el territorio indígena mundurukú y destruyeron múltiples retroexcavadoras.
Los buscadores de oro son personas que “invaden y quieren destruir, que están enfermas de odio”, dijo Maria Leusa Mundurukú, presidenta de la Asociación de Mujeres Mundurukú, cuya casa fue incendiada por los mineros como represalia, dijo durante una mesa redonda en octubre pasado.
“La gente está enferma queriendo explotarnos, llevarse el oro. No podemos comer oro. El oro no vale nada para nosotros. Lo que es valioso para nosotros es el agua y el bosque”.
La búsqueda de oro en la tierra indígena yanomami toma principalmente dos formas: el dragado de vías fluviales con barcazas y la minería a cielo abierto. En el segundo caso, los buscadores de oro cavan pozos y eliminan sedimentos con poderosas mangueras de las que separan el agua y usan mercurio para extraer el oro.
Debido a las extendidas redes ilegales de Internet satelital en la tierra yanomami, los mineros reciben una alerta cuando comienzan las operaciones policiales, lo que les da tiempo para esconderse y esconder su valioso equipo.
“Cuando comienza una operación, la gente allí ya está hablando de eso”, dijo el superintendente Peres. “Esconden la maquinaria en el bosque e incluso hunden sus dragas en los ríos. Después de recuperarlos, todavía funcionan”.
FOMENTAN LA DESTRUCCIÓN
La expansión de estas redes de comunicaciones clandestinas en tierras yanomami es uno de los muchos desafíos nuevos a los que las autoridades se esfuerzan por adaptarse en la actual fiebre del oro de Roraima.
Las autoridades han considerado durante mucho tiempo incautar o destruir costosos aviones, helicópteros, excavadoras y barcazas de dragado como una manera efectiva para tropezar a los inversionistas que financian la minería ilegal.
“Las investigaciones sobre los individuos son lentas y toman tiempo; es difícil obtener pruebas”, dijo Marugal, fiscal federal en el estado de Roraima.
Pero las autoridades dijeron a la AP que apuntan a un nuevo flanco en su lucha: el combustible. Se necesitan enormes cantidades de diésel para mantener a las máquinas mineras en funcionamiento, y la policía de carreteras incauta regularmente grandes cantidades que cree que son suministradas a los operadores de minería ilegal.
El exminero que accedió a hablar bajo condición de anonimato dijo que los proveedores ilegales de combustible para la minería ilegal cambian constantemente de estaciones de servicio para evitar ser detectados.
El superintendente Peres confirmó que la policía federal también investiga la fuente del combustible utilizado para las aeronaves dedicadas a las operaciones de minería ilegal.
“Es una preocupación nuestra identificar de dónde proviene este combustible”, dijo Peres, quien declinó proporcionar detalles sobre la investigación. “Sería muy difícil abastecer los sitios mineros sin este combustible”.
El mes pasado, el regulador ambiental de Brasil desmanteló el plan de una empresa para revender a pistas de aterrizaje clandestinas combustible tomado del aeropuerto de Boa Vista, operado por el estado, según un comunicado de la agencia. La compañía fue multada con 1,5 millones de reales brasileños (mas de 260.000 dólares). La empresa, Pioneiro Fuels, enfrenta multas adicionales de hasta 5 millones de reales brasileños (más de 880.000 dólares) por parte del regulador petrolero por presentar documentación insuficiente sobre dónde y cómo movió combustible para aeronaves, dijo el regulador en un comunicado enviado por correo electrónico. La compañía y la directora de Pioneiro, Lindinalva Lobato, se negaron a comentar cuando fueron contactadas por la AP.
El informe interno del regulador ambiental de Brasil obtenido por la AP muestra una lista de los clientes de Pioneiro de enero a octubre de 2021, y notas detalladas del investigador que revelaron que algunos de los presuntos compradores no tenían aviones ni actividades que requirieran combustible para aeronaves. Unos 868.000 litros del combustible no tenían destino conocido: más de la mitad de lo que la empresa vendió en el período de 10 meses, según el informe.
Además, el informe dice que Pioneiro suministró combustible a aeródromos ilegales y aviones que no tienen licencia, o están en tierra por razones técnicas o por otras infracciones. Los números de identificación en la cola de al menos dos aviones incautados por las autoridades en las afueras del territorio yanomami coincidían con los de aviones que fueron descubiertos previamente al repostar combustible suministrado por Pioneiro en un aeródromo.
“La conexión directa entre los aeródromos abastecidos irregularmente por la empresa Pioneiro con las aeronaves utilizadas en el apoyo logístico para las operaciones mineras irregulares en el Territorio Indígena Yanomami quedó clara”, dice el informe. “Por lo tanto, existe evidencia indiscutible del vínculo de la compañía con las actividades ilegales en el Territorio Indígena”.
La agencia de aviación civil, con el apoyo de la policía federal y el regulador ambiental, allanaron una propiedad donde se encuentra la sede de Cataratas Poços Artesianos, un contratista de perforación de pozos, en septiembre pasado. En el interior encontraron miles de litros de combustible de aviación, equipos de minería y aeronaves con modificaciones ilegales, como interiores despojados de todo.
Uno de los socios comerciales es Rodrigo Martins de Mello. También es socio de la compañía de transporte aéreo contratada por el gobierno investigada por transportar por aire equipos y mineros a sitios ilegales de extracción de oro.
Desde 2018, el Ministerio de Salud ha adjudicado contratos por un total de 26 millones de reales brasileños (4,6 millones de dólares) a la empresa de taxis aéreos, según una revisión de la AP de la base de datos de transparencia del gobierno.
La abogada de De Mello, Ana Paula Cruz, dijo en un comunicado a la AP que ni él ni sus empresas tienen participación alguna en la minería ilegal en territorio yanomami ni la logística para apoyarla, y que las aeronaves fueron incautadas mientras estaban estacionadas en la propiedad de su empresa en Boa Vista, no en tierras yanomami. Cruz dijo que se le impide discutir detalles sobre las investigaciones debido a una decisión judicial que las puso bajo reserva.
Si bien De Mello está bajo investigación criminal, no ha sido acusado de ningún delito. Él ha alegado que el detective principal de la policía y algunos agentes del regulador ambiental y de la agencia de aviación han cometido delitos incluidos el abuso de autoridad y la producción ilegal de pruebas, dijo Cruz.
Un juez encontró esos argumentos parcialmente convincentes y el mes pasado dictaminó que la mitad de los bienes incautados a De Mello deben ser liberados. El fallo aún no se lleva a cabo; por ahora, su aeronave permanece estacionada detrás de la sede de la policía federal en Boa Vista.
«EL GATO Y EL RATÓN»
Los intentos de acabar con la minería ilegal en el estado de Roraima enfrentan una resistencia local feroz, a pesar de que toda la minería en el estado es ilegal. La minería ha sido durante mucho tiempo algo habitual en la región y está profundamente arraigada en su historia.
En el centro de Boa Vista hay una estatua de siete metros adornada con los nombres de destacados mineros del pasado. El monumento se encuentra junto a la asamblea legislativa del estado.
Allí, en una mañana de jueves reciente, miembros de la Asociación de Prospectores Independientes de Roraima se reunieron para una audiencia pública para protestar contra las operaciones recientes de la agencia ambiental Ibama y la policía federal que destruyeron equipo de minería, durante las cuales dispararon y mataron a un minero.
Docenas de ellos, vestidos con camisetas amarillas adornadas con un estampado del monumento a los mineros de Boa Vista y las palabras “El prospector es un trabajador”, cantaron el himno nacional de Brasil.
“Somos los fundadores del Estado”, dijo Isa Carine Farias, presidenta de la asociación, quien dijo a la AP que anteriormente trabajó con la minería ilegal. “Llevan a una persona indígena a las Naciones Unidas (a la Cumbre sobre la Acción Climática). ¿Por qué no llevar a un minero también?”.
A principios del año pasado, la gran mayoría de los legisladores estatales votaron a favor de aprobar una ley que permitiera la extracción de oro en el estado siempre que no fuera en tierras indígenas. La medida fue anulada posteriormente por el Supremo Tribunal Federal, que la consideró inconstitucional.
Los críticos temían que la ley podría permitir que el oro extraído en tierras indígenas se hiciera pasar fraudulentamente como oro extraído en otros lugares, lo que ha ocurrido en otros estados brasileños.
Mientras tanto, el senador Telmário Motta, quien representa al estado de Roraima, ha propuesto una legislación para evitar la destrucción de equipo de minería por parte de funcionarios federales. Por ley, los agentes en Brasil pueden destruir equipos que no pueden ser embargados y subastados si es demasiado costoso o difícil moverlos, lo cual suele ser el caso de los equipos de minería o las aeronaves que se encuentran en tierras lejanas.
El presidente Bolsonaro, quien es popular en el estado de Roraima, también se ha pronunciado repetidamente en contra de la destrucción de equipos.
Pero el punto legislativo más álgido es un proyecto de ley presentado por el ministro de Minería de Bolsonaro, que regularía la minería en los territorios indígenas en todo el país. Bolsonaro ha presionado a los legisladores para que lo sometan a votación, a pesar de que los fiscales federales lo han calificado como inconstitucional y los activistas advierten que causaría grandes daños sociales y ambientales.
El vicepresidente Mourão, que supervisa el Consejo de la Amazonía del gobierno, dijo en respuesta a una pregunta de la AP durante una reunión con la prensa extranjera que las autoridades enfrentan grandes desafíos para combatir la minería en tierras indígenas.
“Este es un juego del gato y el ratón”, dijo Mourão el 25 de octubre. “Terminará en una de dos maneras: o la comunidad aprueba la producción legal, y eso sería considerando todas las normas ambientales, o de lo contrario tendremos que mantener soldados por toda esa área de la jungla”.
Aunque los soldados pueden proporcionar una demostración de fuerza adicional para apoyar en las operaciones de aplicación de la ley, hacen poco para ayudar en las investigaciones de las agencias ambientales, la policía y los fiscales —todos con poco personal— que trabajan para desbaratar una red ilícita en expansión empeñada en ser más astuta que ellos.
“Si se arresta a una figura importante, otra simplemente toma su lugar… No hay un gran jefe; hay demasiados”, dijo Marugal, el fiscal federal en el estado de Roraima.
Agregó que el tiempo entre las operaciones de aplicación de la ley por parte de la policía federal y las agencias ambientales suele ser demasiado largo, lo que permite que los mineros se reorganicen rápidamente y reanuden su extracción en las tierras yanomami.
“En ciertas regiones (del territorio), incluso después de las operaciones de este año, con equipos incautados y destruidos, creció la minería ilegal”, dijo.
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Biller reportó desde Río de Janeiro
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