El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó 36 meses de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra Samir Atala Nemi y José Antonio Nava Mendiola.
Durante su exposición, el fiscal José Domingo Pérez señaló que pedía para los dos investigados que no puedan salir del país, cambiar de domicilio sin notificar al Poder Judicial y que no se comuniquen con otros investigados en el caso de los aportes de Odebrecht por la obra del tren eléctrico.
Las defensas de los dos investigados expresaron su voluntad de allanarse a la solicitud fiscal, solo pidiendo un plazo más flexible para pagar las cauciones que pedía el Ministerio Público: 100 mil soles en el caso de José Antonio Nava y 40 mil soles para Samir Atala.
“Me allano a todos los puntos del Ministerio Público y solo quería hacer de conocimiento que no he faltado a ninguna diligencia de investigación. Estoy aquí para colaborar y lo que venga a futuro para seguir colaborado. Estoy aquí presente para todo lo que necesiten con mi persona”, aseguró, a su turno, Samir Atala. José Antonio Nava evitó declarar durante la audiencia, luego de llegar tarde antes que el juez confirme su decisión.
“Este juzgado considera que los elementos de convicción resultan suficientes a fin de adoptar las medidas requeridas (y) los abogados no han cuestionado los elementos, habiendo expresado su adhesión a lo señalado por el Ministerio Público”, sentenció Juan Carlos Sánchez Balbuena, juez de investigación preparatoria, quien otorgó 15 días para que los imputados paguen sus respectivas cauciones.
Como se recuerda, los hijos de Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú, y Luis Nava, ex secretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), respectivamente, son investigados por el presunto delito de lavado de activos.
Ambos fueron incluidos en las indagaciones debido a los pagos hechos por la empresa brasileña Odebrecht para acceder a proyectos en el gobierno de García Pérez.
El pasado 30 de abril el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente accedió evaluar al pedido fiscal de 36 meses de arresto domiciliario para Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú, tras haberse acogido a la confesión sincera.
Ese día el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, pidió al juez el cambio de la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, luego que el empresario confesara haber sido testaferro del ex presidente Alan García.
Para Samir Atala y José Antonio Nava Mendiola, el fiscal solicitó comparecencia con impedimento de salida del país por haberse acogido a la confesión sincera el pasado 26 y 29 de abril, respectivamente.
Nava Mendiola se acogió a la confesión sincera y declaró ante el fiscal José Domingo Pérez en Miami, Estados Unidos, admitiendo que había llevado a su padre, Luis Nava Guibert, mochilas con dinero que le entregaba Jorge Barata.
En tanto, Miguel Atala se acogió a la colaboración eficaz y declaró que el dinero depositado por Odebrecht fue para Alan García. Tras su declaración, la fiscalía retiró el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Samir Atala y solicitó arresto domiciliario para su padre.
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