Un equipo multisectorial del Ejecutivo se reunió este sábado con diversas autoridades regionales para convocar a todos los involucrados en el conflicto en **Las Bambas **(comuneros, empresa minera y autoridades), a fin de conducir un diálogo sin violencia.
Encabezado por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina,** **el grupo busca que se ordene levantar el bloqueo de la carretera nacional ubicada en la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) que hoy suma 47 días.
“Somos perseverantes en retomar y mantener el diálogo que nos lleve a recuperar y mantener la paz social con los hermanos de Chumbivilcas y Fuerabamba. Con ese objetivo estamos hoy acá”, resaltó Ísmodes.
El titular de Energía y Minas fue enfático al señalar que el Ejecutivo también está conversando con la empresa para evaluar el nivel de cumplimiento de los acuerdos previos que tuvo con las comunidades aledañas.
De otro lado, las autoridades manifestaron que las detenciones realizadas en los últimos días obedecen a un mandato judicial producto de una solicitud fiscal, donde el Ejecutivo no tiene injerencia, por lo que invocaron a esperar el resultado de las investigaciones sin perder de vista el problema central.
Por su parte, el viceministro Molina aseguró que el Ejecutivo no tuvo participación alguna en la captura del dirigente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y que desde la procuraduría del Estado se viene realizando el seguimiento del caso.
Además de estas acciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha iniciado un estudio técnico para determinar el monto que le corresponde a las comunidades de la zona por el terreno de la vía que encuentra bloqueada de manera ilegal.
Cabe recordar que la actividad de la minera Las Bambas genera, por concepto de regalías, US$ 8 millones mensuales (S/ 26.5 millones) que benefician de manera directa a las 83 municipalidades de la región **Apurímac **y al propio gobierno regional.
El bloqueo de la vía ha imposibilitado este pago durante los meses de febrero y marzo, perjudicando a las más de 450 mil personas.
La PCM y el MEM reiteraron la predisposición del Gobierno de retomar un diálogo directo entre las comunidades y la empresa minera, para lo cual, previamente, se debe liberar la carretera.