Jorge Sánchez Herrera – Nómena ArquitecturaArquitecto/Urbanista jorge@nomena-arquitectos.com
El año pasado, en mi columna titulada ‘Ubicación, Ubicación, Ubicación’ sostuve que, en un medio en el que la ubicación de la vivienda formal es decidida exclusivamente por el sector privado por razones estrictamente económicas, me parecía muy interesante que se abra el debate sobre el rol del Estado en garantizar la provisión de vivienda. Me refería al debate que ha generado el proyecto de Ley 1112, presentado por la congresista Marisa Glave y aprobado en el Congreso en primera instancia. Y me reafirmo en lo dicho.
Sin embargo, la amplitud y falta de claridad del texto siguen generando muchas críticas, sobre todo desde los gremios de desarrolladores inmobiliarios. Es cierto que, en muchas ciudades americanas y europeas, los desarrolladores inmobiliarios deben reservar un porcentaje bastante mayor para ser vendido o alquilado como vivienda social. El año pasado, por ejemplo, la alcaldesa Ada Colau, logró que se aprobara un mínimo de 30% para aquellos que quieran construir vivienda en Barcelona. La discusión fue similar a lo que ya vemos aquí. Los empresarios (de la mano de muchos medios de comunicación) lanzaron una campaña de pánico sosteniendo que la medida pararía la industria de la construcción. Mientras tanto, el ayuntamiento afirmaba que el mercado se ajustaría tal y como sucedió en otras ciudades como París.
Dicho esto, si los promotores de esta ley realmente quieren que todos entendamos que el suelo y la vivienda no son cualquier producto, sino que el Estado debería regular su provisión, entonces deberían ser bastante más claros en su difusión. Por ejemplo, ¿por qué las viviendas aplicarían solo para personas víctimas de desastres naturales, si son cientos de miles de familias las que hoy (sin huaicos de por medio) no pueden acceder a una vivienda digna? El déficit de vivienda en las ciudades es un problema que no necesita de un terremoto para ser atendido.
O si la ley aplica solo para desarrollos en lugares que hayan sufrido desastres naturales, ¿cuánto desarrollo inmobiliario formal puede haber en lugares que son, año a año, susceptibles de estos desastres? Ahora imagínense solo el 8% de este stock. Si la ley se aprobara, ¿qué incentivo puede tener un desarrollador para construir ahí donde aplica la ley en lugar de invertir en otro lugar?
Aplaudo que la congresista Glave incite debates en torno a la vivienda social y la regulación del suelo, porque debemos ser uno de los pocos países en los que esta discusión no existe. Pero insisto en que hay que atender las dudas de los gremios que ya saben que se van a oponer. Y hay que dejar de ver a los desarrolladores de vivienda como empresarios que solo ven el Excel (aunque muchos sean así), porque es de la mano con ellos que estas iniciativas deben llevarse a cabo.
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