La presidenta de la Comisión de Constitución, **Rosa Bartra **(Fuerza Popular) solicitó enviar a cuarto intermedio el proyecto de ley presentado por su colega de bancada Lourdes Alcorta, que propone derogar el proyecto que faculta a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la implementación progresiva del **voto electrónico **a nivel nacional.
“Vamos a solicitar a la ONPE todos los elementos de convicción que nos lleven a elaborar un mejor dictamen de tal manera que garantice el anonimato total del voto, la seguridad electrónica del proceso, el costo que debe ser totalmente transparente […] Vamos a trabajar para mejorar el texto de tal manera que este pueda ser puesto a votación recogiendo las recomendaciones pero garantizando procesos transparentes”, dijo Bartra en el pleno.
Durante el debate, las agrupaciones Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio y la Bancada Liberal solicitaron que el proyecto de ley vuelva a Constitución a fin de que se incluya la opinión de instituciones que sí están a favor del voto electrónico.
“La Defensoría del Pueblo, cuya opinión es la única que se incorpora, sugiere que se recoja la opinión de la ONPE, JNE y otros organismos especializados como Transparencia o IDEA Internacional, que tienen una opinión favorable (al voto electrónico). Sería bueno incorporar al dictamen esas opiniones a la discusión que tengamos aquí”, solicitó Gino Costa.
Marisa Glave, de Nuevo Perú, cuestionó que en el debate se busque anular el voto electrónico desde una mirada “paternalista” que considera que en regiones no se sabría utilizar el voto electrónico.
“No se puede permitir que se señale como razón de fondo algo así como un paternalismo que diga que solo quienes están educados en zona urbana pueden votar con este mecanismo y que las comunidades indígenas o amazónicas no pueden por una suerte de atrofio electrónico”, indicó en el debate la parlamentaria.
Como se recuerda, esta propuesta multipartidaria impulsada por Lourdes Alcorta, sostiene que “el voto electrónico es una herramienta poco amigable, que reemplaza a la cédula física de votación, genera dificultades al momento de emitir el voto y que induce al error a la población, sobre todo a la de los sectores más vulnerables”.
Asimismo, manifiesta que “el efecto del presente proyecto de ley es que el voto electrónico no sea empleado en los procesos electorales” por presentar deficiencias “alterando el resultado de las elecciones” y expone a que “algunas personas con dominio de las herramientas electrónicas vulneren los sistemas informáticos y alteren los resultados de las elecciones”.
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