La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, confirmó que están preparando los fundamentos para apelar la detención preliminar que se dictó contra la lideresa de Fuerza Popular, quien fue intervenida en el marco de las investigaciones por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña del 2011.
“Nosotros estamos procediendo a fundamentar la apelación y esperamos que, a la brevedad, se conceda esta apelación y suba a una sala superior donde esperamos que sea revocada”, precisó Giuliana Loza en entrevista a América noticias.
La apelación deberá ser presentada ante el juez Richard Concepción Carhuancho, quien admitió el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se proceda con una detención preliminar por un plazo de 10 días contra Keiko Fujimori y otros 19 implicados en una aparente organización criminal que percibió aportes de Odebrecht en el 2011.
“El motivo por el cual un juez puede dictar una medida de coerción a cualquier ciudadano es que existe un peligro procesal y un grave peligro de fuga. Ese es el argumento central de la resolución, pero ¿qué peligro de fuga puede existir cuando detienen a Keiko Fujimori dentro de la fiscalía?”, comentó su abogada.
Según Giuliana Loza, las 184 páginas del documento que fue aprobado por Richard Concepción Carhuancho no presentan elemento de convicción nuevo o indicio que valide una detención preliminar contra Keiko Fujimori. “Son meras especulaciones”, añadió.
Loza también cuestionó que el fiscal José Domingo Pérez haya considerado que hay peligro de fuga por parte de Keiko Fujimori por considerar que no tiene trabajo conocido o por vivir en una casa alquilada.
“Keiko Fujimori está en planilla de Fuerza Popular y la fiscalía lo sabe. Paga los impuestos correspondientes […] Es un trabajo como cualquier otro”, aseguró la abogada de la ex candidata presidencial.
Keiko Fujimori fue intervenida cuando acudía a brindar su testimonio en un local del Ministerio Público en el Cercado de Lima a las 10 a.m. aproximadamente del miércoles 10 de octubre.
El Poder Judicial también dictó una medida similar contra otros 19 investigados, entre ellos Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, sindicados por el ex representante de Odebrecht, Jorge Barata, de haber recibido US$1 millón de aportes de la constructora brasileña para la campaña de Fuerza 2011.
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