La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunció hoy que dará seguimiento remoto a Nicaragua, luego de que el Gobierno expulsó a una misión del organismo, por denunciar el “alto grado de represión” a las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“La ACNUDH proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado”, señaló el organismo, en una declaración pública emitida este viernes en Managua.
El Gobierno de Nicaragua dio “por concluida la invitación” a la ACNUDH ayer jueves, aunque no fue hasta este viernes que la confirmó tras una denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La misión de la ACNUDH, coordinada por el peruano Guillermo Fernández Maldonado, llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que, según el informe que emitió el pasado miércoles en Ginebra, ha dejado “más de 300 muertos y 2.000 heridos”.
El informe señaló al Gobierno de Nicaragua por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”, entre otras violaciones a los derechos humanos, contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.
Además lo responsabilizó de “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión”.
El presidente nicaragüense ya había rechazado el documento “por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva”.
La ACNUDH sostuvo que “continuará apoyando a las víctimas y sus familiares, a la sociedad civil y reitera su disposición de brindar apoyo a las autoridades para que el Estado de Nicaragua pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.”.
En su declaración, la ACNUDH agregó que “seguirá cooperando de cerca con los organismos regionales de derechos humanos y con la comunidad internacional”, e insistió al Gobierno en seguir las recomendaciones del informe, que básicamente consisten en suspender toda violencia contra los derechos humanos, buscar la verdad y la rendición de cuentas.
Las protestas contra Ortega y Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Con información de EFE.
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