El Grupo de Lima formado por cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, rechazó la decisión del gobierno venezolano de convocar a elecciones presidenciales este año.
“Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición”, precisa la declaratoria conjunta firmada por el grupo.
De igual forma, los participantes en la reunión sostenida en Santiago exigieron que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías, incluida la participación de observadores internacionales independientes.
“Unas elecciones que no cumplan éstas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad”, precisaron.
De igual forma condenaron los actos de violencia, con la consecuente pérdida de vidas humanas, y exhortaron al gobierno venezolano a adoptar con urgencia medidas para garantizar el estado de derecho, los derechos fundamentales de las personas y recuperar la paz social.
“Asimismo, demandamos una investigación imparcial sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales”, añadieron.
También destacaron las acciones individuales y colectivas de diversos actores de la comunidad internacional para alentar el pronto retorno a la normalidad democrática en Venezuela; en particular, la iniciativa y el liderazgo del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, para convocar a un diálogo entre el gobierno y la oposición.
“Reiteramos nuestro pleno respaldo a la Asamblea Nacional, democráticamente electa, y exigimos que se le restituyan los poderes que legítimamente le corresponden, como paso indispensable para el retorno de la democracia en ese país”, insistió el Grupo de Lima.
Igualmente, reafirmaron la carencia de legitimidad y legalidad de los actos emanados de la asamblea nacional constituyente y condenaron las medidas que ha adoptado y que han resultado en la profundización del conflicto social y en el menoscabo de las libertades en Venezuela.
“Condenamos que se mantengan presos políticos en Venezuela, cuya liberación sin condiciones es un requisito indispensable para la pacificación del país”, agregaron.
De igual forma, deploraron que a pesar de que la situación humanitaria sigue empeorando en Venezuela, el gobierno venezolano continúa renuente a aceptar ayuda humanitaria, lo cual se refleja en el agravamiento de los índices de desnutrición infantil, el desabastecimiento de alimentos y medicinas y el resurgimiento de enfermedades que habían sido erradicadas.
“Reiteramos nuestra voluntad de ayuda”, señalaron, tras expresar preocupación por el éxodo de miles de venezolanos que, por la crisis humanitaria en ese país, cruzan las fronteras cada día.
“Nos comprometemos a ampliar e impulsar acciones de cooperación internacional para el fortalecimiento de las capacidades de los países de la región, e instamos a la comunidad internacional, especialmente al Sistema de Naciones Unidas, a apoyar estos esfuerzos”, enfatizaron.
Andina
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