La ex voleibolista Jessica Tejada afrontará en prisión preventiva las investigaciones por su presunta relación en el cobro de coimas por la Línea 1 del Metro de Lima, licitado en el segundo gobierno aprista, según decisión del juez Richard Concepción Carhuancho.
La medida restrictiva regirá por 18 meses contra la exdeportista, pareja sentimental del exviceministro aprista, Jorge Cuba, encarcelado en el penal Piedra Gordas por, presuntamente, haber recibido coimas de la empresa brasilera Odebrecht.
En el marco de una audiencia judicial, que empezó en horas de la mañana, se dispuso similar medida contra Mariella Huerta Minaya, ex presidenta del comité de licitación del Tramo 2 del Metro de Lima.
Jessica Tejada tenía vigente una orden de detención preliminar judicial por 24 horas, que se hizo efectiva ayer en su domicilio, tras su retorno al país desde Estados Unidos.
Según el juez, hay “un alto grado de probabilidad de que Jorge Cuba habría ejercicio influencia” para beneficiar a la empresa Odebrecht en la referida licitación a cambio de lo cual habría recibido sobornos escalonados en cuentas offshore de Andorra.
Estos pagos, según precisó, habrían beneficiado a Jessica Tejada y a Mariella Huerta. Concluye ello en función de los documentos del banco de Andorra y la declaración de beneficiarios de los depósitos encontrados en el allanamiento de la vivienda de Edwin Luyo Barrientos, uno de los implicados.
Mencionó también que en ese domicilio se encontró una declaración en la que se consigna como beneficiarios reales de esos depósitos a los tres mencionados, así como a Miguel Ángel Navarro, vinculado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad que entregó la licitación.
El magistrado indicó que la participación de Tejada no habría sido solo como beneficiaria de las cuentas offshore, sino que, además, habría sido “presunta testaferro” de Jorge Cuba en la conformación de una compañía en Panamá.
“Tejada estaba al tanto de lo que venía sucedido y participó, activamente, en la firma de la declaración jurada de beneficiaria final, incluso facilitando su pasaporte”, apuntó Concepción Carhuancho.
En ese sentido, concluyó de hay un alto grado de posibilidad de que ella haya incurrido en el presunto delito de lavado de activos que le atribuye el Ministerio Público, por el cual podría recibir como mínimo una pena no menor de ocho años.
En el caso de Mariella Huerta, el juez precisó que también hay un alto grado de evidencias que la involucrarían en el delito de cohecho y lavado de activos.
Refirió que su trabajo invocado en el extranjero no garantiza un arraigo de calidad, lo que hace presumir que podría eludir la acción de la justicia, sobre todo cuando tiene vigente un mandato de detención preventiva.
Andina