“El secretario de Estado decidió imponer restricciones de viaje a Estados Unidos a un número de funcionarios venezolanos que son responsables o cómplices de violaciones de derechos humanos”, dijo en un comunicado Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado.
“Nuestro mensaje es claro: aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos”, dijo Harf.
Washington no publicó los nombres de los afectados, pero otro vocero del Departamento de Estado indicó que la medida abarca a funcionarios judiciales, policiales y militares, así como a ministros y asesores del presidente Nicolás Maduro, electo en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez (1999-2013).
Estas restricciones les impedirán viajar a Estados Unidos, país que los chavistas tildan de “imperio”, aunque en ocasiones es destino vacacional de dirigentes oficialistas.
“No ven, ni oyen”
Caracas respondió este miércoles a través de su canciller, Elías Jaua, que la medida es una “represalia” por el papel de Venezuela en América Latina.
“Son acciones desesperadas que ellos toman contra nosotros (…) pero bienvenida sea su furia”, afirmó.
A decir del canciller venezolano, esta decisión es la respuesta de Estados Unidos al hecho de que Venezuela fue visitada la semana pasada por el presidente chino, Xi Jinping, y a que este martes acogió la cumbre del Mercosur.
“Estados Unidos no entiende, ni puede oír, ni ver lo que está pasando, sólo tienen como respuesta el garrote (…). Les ha dolido mucho esto y en vez de quedarse calladitos, lo hacen evidente”, sentenció.
Las sanciones están concentradas en un grupo de funcionarios a los que Washington acusa de abusos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron varias ciudades venezolanas entre febrero y mayo, con un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.
Del millar de detenidos durante las manifestaciones, unos 80 aún siguen encarcelados.
El Departamento de Estado denunció en el comunicado que el gobierno venezolano respondió a las manifestaciones con “detenciones arbitrarias” y “uso excesivo de la fuerza”, y en repetidas ocasiones ha buscado intimidar judicialmente a la disidencia, limitar la libertad de prensa y silenciar a los opositores.
Carvajal, detonador
Las sanciones ocurren tras meses de tensiones entre Washington y Caracas por acusaciones mutuas, y días después de la detención del general y diplomático venezolano Hugo Carvajal en Aruba a solicitud de Estados Unidos que lo acusa de tener vínculos con el narcotráfico, pero que luego fue liberado por orden de Países Bajos.
La detención de Carvajal desató en su momento una dura protesta de Caracas, mientras que el Departamento de Estado consideró su liberación una “burla” a las normas diplomáticas.
Washington “sintió que debía mostrar un frente claro” ante el caso de Carvajal y la situación general en Venezuela, dijo a la AFP y en referencia a las sanciones Carl Meacham, director del programa de América del centro de análisis CSIS.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó a fines de mayo un proyecto de ley que obligaría al gobierno del presidente, Barack Obama, negar visas y congelar bienes de funcionarios venezolanos implicados en esas violaciones de derechos humanos, mientras el Senado estudia un proyecto similar.
A pesar de la presión del Legislativo, el gobierno de Obama reiteradamente se había distanciado de las sanciones, señalando que no eran necesarias ni oportunas y prefiriendo un diálogo político en Venezuela.
Las sanciones seguramente pondrán una piedra en el camino del acercamiento bilateral entre los dos países, sin embajadores desde 2010, pero que designaron encargados de negocios a principios de este mes.
“Sería ingenuo pensar que esa decisión tomada por Estados Unidos no va a tener un efecto negativo en ese reto”, señaló a la AFP Michael Shifter, director del centro de estudios Diálogo Interamericano.
A pesar de la tensa relación bilateral, Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela, que a su vez importa miles de productos de ese país.