Más de 50 organizaciones medioambientales, indígenas y pro derechos humanos están en pie de protesta por el paquete de reactivación económica presentado por el Gobierno hace dos semanas, pues alertan que en el aspecto ambiental tendría un impacto negativo.
Por eso, para hoy han convocado un plantón en la Plaza San Martín a las 6 p.m. en rechazo al llamado ‘paquetazo’ del ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y para pedirle al Congreso que no lo apruebe. Precisamente, hoy Castilla acude al Parlamento para explicar las medidas propuestas.
Según la ONG CooperAcción, una de las organizaciones firmantes de un pronunciamiento en contra del ‘Paquetazo Castilla’, esta propuesta reduciría el papel del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), encargado de multar a empresas contaminantes.
De aprobarse el texto, durante tres años el OEFA se dedicaría a informar de las posibles sanciones si se violan normas ambientales (solo podría multar efectivamente en casos muy específicos). Además, los importes de las multas serían mucho más bajos. ‘Aparentemente, el OEFA incomodaba a las empresas’, dice José de Echave, subdirector de CooperAcción.
De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente (Minam), también explica que el Consejo de Ministros -y ya no el Minam- pasaría a ser el encargado de fijar los baremos para considerar si un río, el suelo y el aire están contaminados (Estándares de Calidad Ambiental) y la contaminación que pueden emitir las empresas (Límites Máximos Permisibles).
Para De Echave, este paquete de medidas implica una ‘situación terrible y dramática’, ya que ‘echa abajo toda la institucionalidad medioambiental que se había venido construyendo en los 15 últimos años’.
El Consejo de Ministros pasaría también a delimitar las Zonas Reservadas, una categoría temporal que se otorga a un espacio natural mientras se evalúa si pasa a calificarse como Área Natural Protegida. Además, solo tendría un plazo de 30 días para opinar sobre los estudios de impacto ambiental.
Según De Echave, en el aspecto ambiental el plan de reactivación económica es el ‘camino equivocado’. En este sentido, apunta a que estas medidas serán una invitación para que las empresas éticamente menos responsables hagan negocios en Perú.
‘No creo que vaya a tener un efecto en las inversiones. Las inversiones serias se han adecuado a trabajar en escenarios con los mejores estándares sociales y ambientales. Más bien, abrirá las puertas para las inversiones menos éticas. Y a un país serio no le debería interesar captar ese tipo de inversiones’.
De Echave también se pregunta cómo acogerán estas medidas los delegados que vendrán en diciembre a la Conferencia de las Partes (COP 20), evento de la ONU donde los países acuerdan políticas ambientales para combatir el cambio climático. ‘El Perú va a ser el anfitrión, pero estamos dando el mensaje de que el tema ambiental no es una prioridad’.
VOCES EN CONTRA La Defensoría del Pueblo y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental remitieron ayer cartas abiertas al presidente del Congreso, Fredy Otárola, por el proyecto de reactivación económica.Preocupación. La primera considera que implica un ‘retroceso en la institucionalidad y la gestión ambiental en el país’.Pedido. La segunda pide al Congreso votar en contra de los artículos medioambientales y al Ejecutivo que haga un sustento de estas nuevas medidas.