El poco conocimiento y la falta de una legislación que regule el consumo de drogas ilícitas, incrementa la vulnerabilidad de los usuarios frente a las autoridades, exponiéndolas a situaciones de corrupción,extorsión, maltrato físico, etc.
Esta realidad no solo se vive en nuestro país, sino que es una problemática regional, ya que Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay también conviven con una política opresiva, según detalla el informe En busca de los derechos: usuaruos de drogas y las respuestas estatales en América Latina, elaborado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derechos.
De acuerdo con el informe, el Perú continúa con políticas públicas con enfoque represivo y prohibicionista ante el consumo de sustancias ilícitas.
La actual Estrategia Nacional de Control de Drogas 2012-2016, elaborada y presentada por DEVIDA, y aprobada por el Gobierno peruano en febrero de 2012, señala que el 5.1% de la población peruana ha hecho uso de drogas, alguna vez en su vida.
Además, según la IV Encuesta Nacional de Consumo de Población en General (DEVIDA,2011), la cual calcula el número de usuarios en el último año en 249,974 personas; asegura que 168,245 de ellos han usado marihuana; 75,506, pasta básica de cocaína; y 49,927 personas han hecho uso de cocaína.
¿Pero qué establece la ley? Según la ley 27817 de julio de 2002, se etableció que el tope de posesión de drogas para el caso de marihuana sería de 80 gramos (PBC, 50 gramos; clorhidrato de cocaía, 25 gramos). Sin embargo, este tope fue reducido luego según la ley 28002 publicada en junio del 2003. Es así que en el caso de la marihuana se redujo a 8 gramos, cocaína (5 gr.) y clorhidrato de cocaína (2 gr.).
Sin embargo, según el informe en los últimos años se han registrado altos índices de detención indiscriminado que ponen, además, en riesgo la salud de los usuarios.
De 2008 hasta el 2012, 2.159 menores de edad fueron detenidos por supuestos delitos de drogas, según la DIRANDRO, y esto en sí mismo constituye una flagrante violación a los DD.HH. y los principios general del Derecho Penal peruano, de acuerdo al informe.
A esto se suma que según el equipo que trabaja en la atención de la “Línea Verde”, una línea de atención y protección para usuarios de cannabis que son detenidos ilegalmente por la Policía de Lima, en más del 50% de solicitudes, de las detenciones por consumo o porte personal se suceden intentos de abuso (como siembra de otras drogas), violencia física y/o corrupción (solicitud de dinero), hasta antes de la llegada del Fiscal a la sede policial.
En el documento editado por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. y de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), explica que los gobiernos de los países estudiados dan prioridad a controlar la oferta de drogas ilícitas por encima del consumo, lo cual repercute en la falta de respuestas sociales y de verdaderas políticas de salud para enfrentar este fenómeno.
En la mayoría de los estudios hechos a cada uno de estos países se advierte la escasez de información sobre el consumo, la falta de sistematización de dicha información y, problemas metodológicos y conceptuales en la generación de información sobre el consumo. ‘Ello tiene un impacto negativo en las respuestas estatales ante el consumo y el desarrollo de políticas informadas y basadas en información empírica’.
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p. marihuana