La abogada Pilar Freitas fue designada hoy nueva titular de la Defensoría del Pueblo por el pleno del Congreso, después de un largo debate al término del cual también fueron nombrados los nuevos seis magistrados del Tribunal Constitucional.
El nombramiento de Freitas, quien reemplazará al defensor interino, Eduardo Vega Luna, se concretó con una segunda consulta con 91 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra.
Luego de la votación, el congresista Alberto Beingolea, de la Alianza por el Gran Cambio, pidió la reconsideración de la misma, argumentando un incumplimiento al acuerdo de las bancadas de respaldar de manera unánime a los candidatos a ocupar este cargo.
No obstante, ese pedido fue rechazado.
Antes de que las candidaturas a la Defensoría, TC y BCR fueran sometidas a votación, dejaron el hemiciclo los integrantes de la bancada de Frente Amplio-Acción Popular, Concertación Parlamentaria y Solidaridad Nacional, quienes expresaron su desacuerdo con el mecanismo de votación y pidieron su postergación.
La elección de Freitas, quien es militante del partido político Perú Posible, es cuestionada por un sector de la oposición debido, entre otros aspectos, a su filiación política.
A inicios de julio, Pilar Freitas recibió el visto bueno de los voceros de los grupos parlamentarios, tras la declinación de Fausto Alvarado, titular de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
De acuerdo con su hoja de vida, Pilar Freitas es abogada formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee experiencia en administración pública, gerencia y dirección estratégica, enfocada en temas de gobierno, y ha desempeñado diversos cargos públicos.
Ha sido miembro del Tribunal Arbitral de Solución de Controversias del Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones (Osiptel), agente titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-Caso Barrios Altos, representante de Perú ante la Convención Interamericana contra la Corrupción en Washington D. C. (Estados Unidos).
También, presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado y encargada de la Procuraduría del Ministerio de Justicia.