El Congresista consideró que esas actividades deben ser reconocidas de manera puntual en el Código Penal, para que los involucrados reciban sanciones muy severas, como se efectúa en Colombia con buenos resultados, según comentó.
Señaló que la venta de celulares robados no solo estimula el mercado informal de esos aparatos, sino que también abastece de equipos de comunicación a las organizaciones criminales.
‘La mayoría de celulares robados son usados por los delincuentes para coordinar sus actividades ilícitas. Eso sucede porque no se sanciona la venta de esos equipos, que son reactivados fácilmente en muchas zonas comerciales de la capital’, indicó el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso.
Para impedir que celulares robados continúen siendo empleados por criminales, el parlamentario propuso que las operadoras de telefonía móvil también se sumen a los esfuerzos por enfrentar el crimen retirando definitivamente del sistema a esos equipos.
‘Teniendo un marco normativo, la Policía Nacional podría fiscalizar que esos equipos sean retirados del sistema y que no sean reactivados en lugares conocidos de la capital, controlando a los comerciantes y hasta cerrando locales cuando sea necesario’, añadió.
En el caso del comercio de autopartes vehiculares robados, Reggiardo señaló que se requiere tipificar el delito para incrementar la severidad de las sanciones establecidas en la normativa vigente.
Sostuvo que las sanciones cumplen la función de disuadir y castigar la comisión de delitos, pero cuando el crimen se moderniza por el empleo de armas más letales, las sanciones también deben ser más severas y contemplar las nuevas modalidades.
La propuesta también plantea desarrollar campañas de sensibilización orientadas a los consumidores sobre la importancia de no adquirir productos robados para que ese mercado ilegal no continúe creciendo.
El parlamentario indicó que asesores de la referida comisión del Congreso se encuentran estudiando la normativa vigente sobre las sanciones al comercio de objetos robados para presentar una iniciativa legislativa al respecto en una o dos semanas.