El gobierno de Ecuador, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 27% a todos los productos importados desde México.
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La medida, comunicada a través de redes sociales, fue justificada como un esfuerzo por proteger la industria ecuatoriana mientras se concreta un tratado de libre comercio con el país norteamericano.
De acuerdo con datos del Banco de México, entre enero y noviembre de 2024, México exportó a Ecuador productos valuados en 446 millones de dólares, mientras que las importaciones mexicanas desde el mercado ecuatoriano alcanzaron los 338 millones de dólares.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano reportó importaciones de bienes no petroleros por 551 millones de dólares en el mismo periodo, mientras que sus exportaciones a México fueron de 333 millones de dólares.
Esta decisión se da en un contexto de tensiones entre ambas naciones, luego de que las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio y la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico quedaran en un punto muerto.
La relación diplomática entre ambos países se rompió en abril de 2024, tras la irrupción de fuerzas ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano asilado por México y condenado por corrupción.
La aplicación de este arancel generalizado podría tener repercusiones significativas en el comercio bilateral. México exporta a Ecuador productos como medicamentos, automóviles, monitores y extractos de malta, mientras que los productos ecuatorianos más vendidos en México incluyen granos de cacao, pescado y tableros de partículas.
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A nivel político, el anuncio de Noboa coincide con el inicio de la campaña electoral en Ecuador. El presidente busca la reelección en los comicios del 9 de febrero, enfrentándose a 15 candidatos, entre ellos su principal oponente, Luisa González, representante del correísmo.
A pesar de la ruptura diplomática, la postura de Noboa ha sido clara: Ecuador mantiene su intención de firmar un acuerdo comercial con México, pero mientras eso no ocurra, implementará medidas para equilibrar las condiciones de su industria.
La decisión ha generado un intenso debate, con sectores que la consideran una estrategia proteccionista y otros que la ven como una represalia dentro de un conflicto político más amplio.
