Presidente de la Asociación Nacional de Transportistas pide derogar la Ley N° 32108 ¿De qué trata?

Martín Valeriano expuso los puntos frágiles de la ley.

Después de un decisivo paro que dejó a los ciudadanos sin posibilidad de traslado el pasado jueves 26 de septiembre. La Asociación Nacional de Integración de Transportistas convocó a una nueva paralización el próximo jueves 3 de octubre en reclamo a la inseguridad que aqueja al rubro.

El presidente de la asociación, Martín Valeriano volvió a pronunciarse al respecto pese al decreto de emergencia que declaró el Gobierno de Dina Boluarte. Y con relación al crecimiento de las actividades delictivas en el país en general, pidió al Congreso la derogación de la Ley N°. 32108, enfocada contra el crimen organizado.

Durante su paso por el programa Punto Final, el dirigente sostuvo que el rubro de transportistas está siendo afectado por las múltiples amenazadas de grupos criminales desde aproximadamente seis años atrás. Además, recalcó que la situación se ha agravado después de la pandemia de COVID19. “Tenemos 14 atentados, cuatro muertos y todos los transportistas amenazados”, agregó Martín Valeriano con indignación ante la falta de acción del Gobierno.

¿Qué dice la Ley N° 32108?

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas expuso los puntos por los cuales pide la modificación de la ley antes mencionada. Y según expresó, esta les ha dado facilidades a los criminales de actuar a sus anchas, pues limita a la policía.

Se considera organización criminal a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa” integrado por tres o más personas “con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”.

El centro CHS Alternativo coindice con la opinión de Martín Valeriano, pues aseguran que la Ley N° 32108 “favorece a las organizaciones criminales”. Pues de los 91 tipos penales, solo dejaron 32 en la nueva modificación que fue aprobada en julio de 2024. Lo que significa que un sinfín de delitos ya no podrán ser investigados ni procesados.

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