LIMA (AP) — Un juez peruano ordenó el jueves 36 meses de cárcel preventiva por corrupción para el expresidente Pedro Castillo quien cumple otra prisión preventiva de 18 meses por rebelión después de que lo destituyeran en diciembre.
El magistrado Juan Checkley indicó que no hay impedimentos para dictar una segunda prisión preventiva porque se trata un caso distinto.
Esta segunda orden —que incluye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión— provocaría que Castillo permanezca tras las rejas hasta marzo de 2026.
Checkley consideró que existen indicios de que Castillo estuvo involucrado durante su gestión (2021-2022) en la compra de biodiésel para la petrolera estatal Petroperú por la cual habría recibido 527.000 dólares.
También que está involucrado en una licitación irregular para la construcción de un puente en la Amazonía.
El juez asimismo consideró que el expresidente podría fugarse de Perú si queda libre debido a que su esposa y dos hijos están asilados en México desde que fue destituido el 7 de diciembre por el Congreso cuando intentó disolverlo.
Un juez ordenó en diciembre mantener a Castillo en prisión preventiva mientras es investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración por intentar un “golpe de estado” para establecer un gobierno de excepción.
Tras la destitución de Castillo, el Parlamento nombró como sucesora de Castillo a su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien tomó el poder el 7 de diciembre.
Desde esa fecha se han desatado manifestaciones en todo el país para exigir la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento así como la realización adelantada de comicios. Muchos manifestantes también exigen la libertad y restitución de Castillo.
A la fecha, las movilizaciones han dejado 66 muertos, 48 de ellos civiles en choques con las fuerzas de seguridad.