MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Esta propuesta normativa, que se en consideración en el Congreso en junio de 2020, ha visto ampliado hasta 146 veces su periodo de enmiendas, lo que "impide su aprobación final y la consiguiente reparación a las víctimas".
Según explican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Verstrynge mantuvo una reunión con representantes de las organizaciones que apoyan e impulsan esta proposición de ley, como 'Todos los niños robados son también mis niños', CeAqua (coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo) o Amnistía Internacional, entre otras. A todas ellas expresó su voluntad de reimpulsar la tramitación parlamentaria de la ley.
"Nuestro país no puede permitirse no resolver la deuda pendiente con los familiares y afectados por los bebés robados durante el franquismo. Es una cuestión de reparación y de memoria que no sólo vienen exigiendo los afectados y las asociaciones de derechos humanos internacionales, si no que el Parlamento Europeo y la ONU han requerido a nuestro país que se reconozca como víctimas a todos los afectados por este crimen", ha explicado Verstrynge en declaraciones remitidas a los medios.
También ha dicho que esta normativa pendiente, que ya contó con el consenso "total" del Congreso en la legislatura anterior, "tiene que seguir adelante su trámite para que pueda verse materializada lo antes posible".
Entre otros aspectos, la ley contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas, entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que "este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás".
Asimismo, se crearía una Fiscalía Especial, una Unidad especial de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, así como una Base de AND nacional (cuyas pruebas serán gratuitas) y se establecería la participación de las víctimas a través de sus representantes en algunos de los organismos y herramientas creadas.