MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Así pues, tras la decisión del Supremo, el Ministerio Público peruano seguirá adelante con su investigación sobre Castillo por la presunta comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, tal y como recuerda la emisora local RPP.
La defensa de Castillo presentó sus alegaciones argumentando que el mandatario no podía ser juzgado debido a que tiene inmunidad como jefe de Estado. La titular de la Fiscalía, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al presidente ante el Congreso de la República por su supuesta implicación en un caso de corrupción.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el exministro de esa cartera Juan Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Tras esta acusación, Castillo afirmó que está sufriendo una persecución política, a la vez que ha denunciado una "nueva modalidad de golpe de Estado". "Tenemos a una Fiscalía política en Perú, que lejos de juzgar a los verdaderos criminales, hoy está haciéndolo con el Gobierno que ha sido elegido legítimamente por el pueblo", dijo el mandatario.