El Gobierno propone crear un organismo independiente que supervise los mensajes racistas en redes sociales y medios

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En una respuesta parlamentaria a una pregunta de Vox sobre este tema, avanzada por Abc y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo ha explicado que el objetivo del Marco es revisar las prácticas de las administraciones (estatal, autonómica y local) "para detectar aquellas susceptibles de suponer un racismo estructural para modificarlas".

Y, para ello, además de la supervisión de posibles mensajes de odio en redes sociales o medios de comunicación, también se propone "la formación y sensibilización a la población general y, en particular, al personal en atención directa a la ciudadanía de los distintos organismos"; "la adaptación de la imagen corporativa, mensajes y posicionamiento de las distintas administraciones"; y "la realización de campañas institucionales que generen mensajes positivos sobre la diversidad de la sociedad española".

Además, se habla de una "coordinación entre fiscalías especializadas en delitos de odio, oficinas de atención a víctimas, distintos niveles de la administración y otros organismos para la prevención y detección del racismo, la xenofobia o los delitos e incidentes de odio".

Tal y como se explica en el texto, esta iniciativa corre a cargo de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), a través de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración (DGAHISI) y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Y, sobre esta iniciativa, el Ejecutivo recuerda que "el comportamiento racista y discriminatorio puede estar arraigado en las instituciones sociales, financieras y políticas, repercutiendo en todos los niveles de poder y en la elaboración de política".

"Este racismo, al que se puede denominar estructural, perpetúa los obstáculos que entorpecen el camino de los ciudadanos simplemente por su origen racial o étnico. A diario, las personas afectadas por el racismo sienten su impacto en su acceso al empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la financiación o la educación, así como en casos de violencia", apunta.

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