BEIJING (AP) — China confinó a 65 millones de sus ciudadanos dentro de sus restricciones contra el COVID-19 y desaconsejaba los desplazamientos dentro del país en los próximos feriados nacionales.
La mayoría de los 21 millones de personas en la ciudad suroccidental de Chengdu estaban confinadas a sus apartamentos o complejos residenciales, mientras que en la ciudad portuaria de Tianjin se suspendieron las clases presenciales tras detectar 14 casos, todos asintomáticos menos dos.
China reportó un total de 1.552 casos el lunes en todo el país de 1.400 millones de personas, según la Comisión Nacional de Salud.
Pese a las cifras relativamente bajas de infectados, las autoridades se han aferrado a la política de “cero COVID”, que requiere cuarentenas, confinamientos y el aislamiento de personas sospechosas de haber estado en contacto estrecho con cualquier positivo confirmado.
Entre el 10 y el 12 de septiembre se celebra el festival de mediados de otoño en el país, el segundo feriado más importantes después del Año Nuevo Lunar. Las medidas contra el virus se han cobrado un alto precio en la economía, los desplazamientos y la sociedad en general, pero el gobernante Partido Comunista de China afirma que son necesarias para impedir una expansión mayor del virus, detectado por primera vez en la ciudad central china de Wuhan a finales de 2019.
El temor a verse atrapado en un confinamiento o enviado a un centro de cuarentena por cercanía con una persona que haya dado positivo ha limitado mucho el trabajo, la vida social y los hábitos de viaje de la población.
En Chengdu, el inicio del nuevo curso escolar se retrasó y la mayoría de los vecinos estaban confinados a sus complejos residenciales. En total, 33 ciudades restringieron a los vecinos a sus casas o complejos, según medios estatales.
Desde el inicio de la pandemia, China ha puesto a decenas millones de personas bajo confinamientos que se cumplieron con firmeza, y en ocasiones impidieron que la gente pudiera conseguir comida, atención médica o productos básicos.
Shanghái, la ciudad más grande del país y un núcleo financiero crucial, estuvo más de cinco semanas cerrada, lo que asestó un golpe a la economía local, provocó protestas y desencadenó un éxodo de residentes extranjeros.