MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no han entrado a valorar las afirmaciones preliminares del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una comisión dependiente del Gobierno de Marruecos, que ha cuestionado el papel de las autoridades españoles en el asalto a la valla de Melilla, argumentando que "vacilaron" a la hora de prestar "la asistencia y auxilios necesarios" para evitar un aumento de la violencia.
Sin embargo, el Ministerio sí que ha defendido que la Guardia Civil actuó "en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional" y siempre "con criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos, sin que pueda atribuirse a ninguno de los agentes ningún tipo de actuación contraria a ellos".
El informe final redactado por la comisión, presidida por Amina Bouayach y Mounir Bensalá, ambos nombrados por el rey Mohamed VI de Marruecos, ha cifrado en 23 el número de muertos y en 217 el de heridos, de los cuales 140 son policías y 77 migrantes, la mayoría procedentes de Sudán y Chad. Todos ellos habían llegado a Marruecos a través de Libia y Argelia.
El CNDH ha indicado así que los hechos de violencia tuvieron lugar debido a la inacción de las autoridades españolas "a pesar de los empujones y enganches de migrantes frente a las puertas que permanecían herméticamente cerradas" y cuya consecuencia "más probable" fue la de "aumentar el número de muertos y heridos".
La entidad considera, además, que las muertes registradas durante el intento de asalto frente al paso fronterizo entre Melilla y la ciudad marroquí de Nador se produjeron por "asfixia mecánica" a causa de los empujones y la aglutinación de un gran número de personas, según el diario marroquí 'Le Matin', que recoge Europa Press.
La comisión, sin embargo, no ha podido determinar si el origen de las lesiones de algunos migrantes fueron consecuencia de las caídas y empujones sufridos o, sin embargo, lesiones resultantes de un uso desproporcionado de la fuerza.
El CNDH, que ha realizado numerosas entrevistas con autoridades locales, asociaciones no gubernamentales y migrantes afectados, ha concluido además que "no se recurrió a las balas" en ningún momento y que las fuerzas de seguridad hicieron uso de porras y gases lacrimógenos.