CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez denunció que es víctima amenazas que aumentaron desde que emitió un fallo que envió a juicio a nueve expolicías y exmilitares acusados de crímenes durante la guerra civil.
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“Me mandan mensajes, me llaman por teléfono, hay seguimiento de vehículos, todo eso está pasando”, dijo el magistrado en una entrevista con The Associated Press.
Gálvez, que participó en otros casos de impacto como el del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, dijo que está seguro de que el amedrentamiento está vinculado con este último caso. “Antes me han amenazado, pero ahora hasta llegan a las audiencias a fotografiarme”, relató.
La semana pasada y en el marco del caso conocido como “Diario Militar” —uno de los más emblemáticos de la guerra civil en Guatemala— el juez envió a juicio a nueve expolicías y exmilitares y pidió a la fiscalía que investigue y busque a Toribio Acevedo Ramírez, un abogado y jefe de seguridad de la cementera Cementos Progreso, que fue jefe de inteligencia militar y que estaba prófugo.
Acevedo Ramírez, sobre quien pesaba una alerta de Interpol por los delitos de desaparición forzada, asesinato y contra los deberes de la humanidad, fue detenido la noche del martes en Panamá y enviado de regreso al país. Ahora se encuentra bajo resguardo de la Policía Nacional Civil.
El “Diario Militar” es un informe en el que exintegrantes de las fuerzas armadas documentaron las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 183 personas durante la década de 1980.
Además de los casos por crímenes cometidos durante la guerra civil, Gálvez también investiga casos de corrupción que involucran a exfuncionarios, políticos y civiles.
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“Tengo información de que el Ministerio Público está recabando información para presentar denuncias contra mí. Intentarían retirarme la inmunidad como venganza por los fallos”, aseguró Gálvez.
The Associated Press intentó contactar al MP para pedir un comentario al respecto, sin recibir respuesta de momento.
Juan Pappier, de Amnistía Internacional, dijo que la organización rechaza las intimidaciones al juez y que es obligación de las autoridades evitar eventuales ataques.
“Este caso sigue un patrón de intimidaciones en contra de jueces y fiscales independientes que investigan y persiguen penalmente la corrupción y los delitos a los derechos humanos en el país. Estos ataques han dejado a la democracia guatemalteca pendiendo de un hilo”, sostuvo Pappier.
En tanto, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó las amenazas y dijo que “atentan de manera directa en contra de la independencia judicial» y “ponen en riesgo la seguridad física y jurídica de un administrador de justicia por el cumplimiento de sus funciones”.
El juez mostró que durante una audiencia un número telefónico ubicado en Estados Unidos le hizo al menos 20 llamadas y cuando contestó una persona del otro lado de la línea le advirtió: “Si usted me corta, se va a recodar de mí”.
Gálvez responsabilizó del acoso a varias personas, entre ellas a Ricardo Rafael Méndez Ruíz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), un activista de ultraderecha sancionado en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron actos de violencia, acoso e intimidación a investigadores de casos de corrupción.
Méndez Ruíz publicó en sus redes sociales “Es el turno de Miguel Ángel Gálvez, la FCT se hace cargo” y posteriormente “…la FCT lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura… Lo vamos a ver preso o exiliado”. Según él, el juez habría incurrido en abuso de autoridad, prevaricato —que implica que una autoridad dicte a sabiendas una resolución injusta— y por supuestas resoluciones violatorias, entre otras cosas.
El miércoles el activista anunció en sus redes sociales que presentó una denuncia contra el juez.
Gálvez dijo que la Corte Suprema de Justicia debe investigar las amenazas pero el máximo tribunal aún no se ha pronunciado al respecto.
La comunidad internacional -entre ellos los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra- han manifestado su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala y llamaron a frenar la criminalización de los funcionarios judiciales que luchan contra la corrupción.
En un año más de 20 fiscales y jueces han abandonado el país y se han autoexiliado, mayormente en Estados Unidos, alegando persecución por su trabajo.
El viernes, al anunciar su fallo sobre el “Diario Militar”, el juez Gálvez relató parte de los testimonios recabados por la fiscalía. “Los subían a vuelos y los aventaban en el océano para eliminar la evidencia de las torturas”, señaló el magistrado, que enumeró los tormentos -arrancar las uñas o la lengua, violaciones y electrocuciones- cometidas presuntamente por órdenes de los acusados.
El “Diario Militar” fue hallado en 1999 y entregado al Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, para su resguardo.
