SALEM, Oregon, EE.UU. (AP) — Los votantes de Oregon aprobaron mediante referéndum una medida despenalizar las drogas duras en el 2020, después de que se les dijera que era una forma de establecer y financiar centros de recuperación de adictos, para ayudarlos en vez de encarcelarlos.
Sin embargo, al cumplirse un año de la entrada en vigor de la medida en febrero de 2021, solo el 1% de las personas que recibieron citaciones por posesión de sustancias controladas solicitaron ayuda a través de una nueva línea directa.
Siendo Oregon el primer estado de Estados Unidos en despenalizar la posesión de heroína, metanfetamina, LSD, oxicodona y otras drogas para uso personal, su programa se considera un modelo potencial para otros estados.
Algunos cuestionan si el enfoque es demasiado indulgente y otros opinan que ya ha tenido un impacto positivo al redirigir millones de dólares a instalaciones para ayudar a las personas con problemas de adicción. Los fondos provienen de los impuestos generados por la industria de la marihuana legal de Oregon y los ahorros de las reducciones en los arrestos, el tiempo en la cárcel y la supervisión de la libertad condicional.
Según la nueva ley, la posesión de sustancias controladas es ahora una “infracción» Clase E en lugar de un delito grave o menor. Conlleva una multa máxima de 100 dólares que se puede eximir si la persona llama a una línea directa para una evaluación de salud. Dicha llamada puede conducir a asesoramiento sobre adicciones y otros servicios.
Pero de aproximadamente 2.000 citaciones emitidas por la policía en el año desde la despenalización, solo 92 de las personas que las recibieron llamaron a la línea. Y solo 19 solicitaron recursos para servicios, dijo William Nunemann de Lines for Life, que administra la línea directa.
El senador Floyd Prozanski, presidente del Comité de Implementación de la Medida Electoral y Judicial del Senado de Oregón 110, dijo que le sorprende que más multados no aprovecharan las opciones de recuperación. Aún así, cree que es demasiado pronto para juzgar cómo va el nuevo método.
Los defensores de la despenalización argumentan que es injusto encarcelar a los usuarios de drogas y darles antecedentes penales, lo que perjudica sus perspectivas de empleo y vivienda.