Purdue Pharma alcanzó el jueves un acuerdo a nivel nacional sobre su participación en la crisis de opioides, el cual incluye que los miembros de la familia Sackler, propietarios de la compañía, incrementen su contribución en efectivo a unos 6.000 millones de dólares según el pacto, cuyo objetivo es frenar la avalancha de demandas que enfrenta la empresa fabricante de OxyContin.
El acuerdo se concretó luego de un acuerdo previo que había sido apelado por ocho estados y el Distrito de Columbia. Accedieron a firmar después de que los Sackler incrementaron el monto en efectivo y aceptaron otros términos. A cambio, la familia quedaría protegida de nuevas demandas civiles.
En total, el plan podría alcanzar una suma superior a los 10.000 millones de dólares con el paso del tiempo. Exige que los miembros de la familia Sackler cedan el control de la empresa, con sede en Stamford, Connecticut, a fin de que pueda convertirse en una nueva entidad cuyas ganancias sean utilizadas para combatir la crisis. El acuerdo no protegería a los miembros de la familia de cargos penales, aunque no hay indicios de que alguno esté por ser presentado.
Los miembros de la familia Sackler no han ofrecido una disculpa categórica, pero emitieron un comunicado en el que lamentaron el daño provocado por OxyContin, su principal analgésico, el cual los usuarios aprendieron que podía ser manipulado con el fin de obtener efectos estimulantes rápidos. Purdue Pharma había promovido su uso para una amplia gama de dolores que previamente no solían tratarse con opioides.
“Si bien las familias han actuado con apego a la ley en todos los sentidos, lamentan sinceramente que OxyContin, un medicamento que requiere receta médica y que sigue ayudando a las personas con dolores crónicos, se haya convertido súbitamente en parte de una crisis de opioides que ha causado pérdida y dolor a demasiadas familias y comunidades”, señaló el comunicado difundido por la familia Sackler.
Según el acuerdo, las víctimas también tendrán un foro en el tribunal, en una videoconferencia programada para el 9 de marzo, en el que podrán dirigirse a algunos integrantes de la familia Sackler. Eso es algo que no habían podido hacer previamente de manera pública.
El pacto es descrito en un reporte presentado ante la Corte Federal de Bancarrotas en White Plains, Nueva York, y aún requiere la aprobación de un juez. Fue redactado junto con los secretarios de Justicia de los ocho estados — California, Connecticut, Delaware, Maryland, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington — y el Distrito de Columbia, quienes se habían opuesto al acuerdo anterior bajo el argumento de que no atribuía suficiente responsabilidad a los miembros de la familia Sackler.
Varios padres de niños que se volvieron adictos a los opioides dijeron tener sentimientos encontrados: Están contentos de que habrá más dinero disponible para el tratamiento de adicciones, pero molestos de que los Sackler sigan siendo ricos y no tengan que rendir cuentas adicionales.
Paige Niver de Connecticut, cuya hija se hizo adicta tras un accidente en bicicleta cuando tenía 14 años y continúa en recuperación unos 13 años más tarde, dijo que no quería que otras familias tuvieran que soportar lo que la suya.
“Como madre, hice lo que el doctor me dijo que hiciera y simplemente se las seguí dando. Y cuando empezaron a tener menor efecto, dijeron: ‘Oh, entonces necesita darle más’. Y eso es exactamente lo que hice», declaró en una conferencia de prensa el jueves con el procurador general del estado.
“Nunca pensé que vería que se hiciera justicia por ello, así que el dinero hará mucho bien, financiará todos los tratamientos y medidas preventivas que sean posibles», señaló Niver.
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Los periodistas de The Associated Press Dave Collins y Susan Haigh contribuyeron a este despacho en Connecticut.