YUMA, Arizona, EE.UU. (AP) — Un agente dice en tono de queja que no se enroló en la Guardia Fronteriza para cuidar a niños detenidos. Otro agente pregunta por qué se dejó de aplicar una medida para que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras esperan sus audiencias judiciales. Y otro dio la espalda a altos funcionarios que habían acudido a escucharlos.
Como lo esperaría cualquier persona familiarizada con la migración a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, la confrontación ocurrió en Yuma, Arizona, donde el número de encuentros con migrantes que cruzan ilegalmente desde México aumentó más de 20 veces en diciembre respecto a un año antes.
El malestar en las filas es apenas uno de los retos que Chris Magnus enfrenta como nuevo jefe de la mayor agencia del orden en Estados Unidos. Magnus, que asumió este mes como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), enfrenta además acusaciones persistentes de que su agencia maltrata a los migrantes, no recluta a suficientes mujeres y está a merced de un sistema fallido de asilo.
Magnus pudiera no parecer la opción obvia. Cuando era jefe de la policía en Tucson, Arizona, rechazó subvenciones federales para colaborar en asuntos de seguridad fronteriza con la agencia que ahora dirige y se distanció de los jefes de la Patrulla Fronteriza en una región a la que están asignados miles de agentes.
En su primera entrevista como comisionado, Magnus reconoció la existencia de problemas con la moral y delineó algunos pasos iniciales para corregirlos. No ofreció una respuesta simple para lidiar con los flujos de migrantes.
“Siempre ha habido períodos de olas de migrantes en este país, por razones diferentes, en tiempos diferentes”, dijo la semana pasada. “Pero no pienso que nadie dispute que los números son altos en estos momentos y que tenemos que elaborar la mayor cantidad de estrategias posibles para lidiar con esos números”.
Magnus apuntó al creciente número de migrantes de países aparte de México y Centroamérica, una tendencia que es especialmente elevada en Yuma.
Bajo la orden de salud pública conocida como Título 42 que fue creada para limitar la diseminación del coronavirus, México acepta a migrantes devueltos por Estados Unidos que provienen de México, Guatemala, Honduras y El Salvador y a los que no se les da la oportunidad de solicitar asilo. Otras nacionalidades son elegibles para expulsión, pero Estados Unidos a menudo no los envía de regreso debido al costo de los vuelos o tensiones diplomáticas con sus países de origen. En lugar de ello, quedan en libertad en Estados Unidos para que puedan solicitar asilo.
“Existe mucha frustración”, dijo Rafael Rivera, presidente del National Border Patrol Council Local 2595, un sindicato que representa a los agentes fronterizos en el sector de Yuma, que ha registrado un enorme aumento de esos migrantes. “Ellos sienten que no hay consecuencias, que tenemos una frontera abierta”.
El número de encuentros con migrantes en la frontera EEUU-México totalizó casi 154.000 en enero, una baja de 15% respecto a diciembre, luego de tres meses de incrementos, de acuerdo con documentos presentados en la corte por el estado de Texas en un reclamo contra la política de inmigración del gobierno de Joe Biden. Poco más de la mitad de las personas encontradas fueron expulsadas rápidamente bajo la orden de salud pública.
En diciembre, las autoridades estadounidenses detuvieron a venezolanos en la frontera casi 25.000 veces, más del doble del total de septiembre y más de cien veces los 200 registrados en diciembre del 2020. Solamente los mexicanos tuvieron más encuentros en la frontera que los venezolanos en diciembre.
En el sector de Yuma, que se extiende desde Imperial Sand Dunes en California hasta el desierto occidental y las cordilleras de Arizona, hubo 10 veces más venezolanos detenidos que mexicanos en diciembre. Colombianos, indios, cubanos y haitianos también superaron a los mexicanos en el sector.
México comenzó a requerir visas para los venezolanos el 21 de enero, apuntó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas en su contenciosa reunión del 26 de enero con agentes fronterizos en Yuma, de acuerdo con una grabación filtrada al portal Townhall, que publica puntos de vista conservadores. Mayorkas dijo que Estados Unidos estaba presionando a México para que aceptase a mas nacionalidades para la orden de salud pública y para que aumente el cumplimiento de las medidas de inmigración dentro de sus fronteras.
Magnus, subordinado de Mayorkas, le dijo a la AP que los flujos de migración son “cada vez más complejos” y que Estados Unidos estaba “haciendo lo mejor que podemos para fortalecer y aprovechar las relaciones con esos países diversos de los que provienen los migrantes”.
Aunque el presidente Joe Biden enfrenta muchos de los mismos problemas que su predecesor, Donald Trump visitó la frontera a menudo, gastó sumas cuantiosas en las medidas de protección y tuvo el respaldo temprano del gremio fronterizo en el 2016.
Como nominado por Biden y alguien ajeno al departamento que tuvo una relación fría con los líderes de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Magnus podría tener problemas para ganarse a los agentes. Roy Villareal, jefe del sector de Tucson desde inicios del 2019 hasta finales del 2020, dice que pidió una reunión para conocer a Magnus, que entonces era el jefe de la policía, pero no recibió respuesta, y dijo que la falta de interacción fue un “indicio revelador”. Villareal dijo que recordaba haber hablado con Magnus apenas tres veces en ese período — en cada uno de los casos una llamada de cortesía de Magnus para informarle que la policía de Tucson iba a arrestar a uno de sus agentes.
“Él es la persona equivocada para la Patrulla Fronteriza”, dijo Villareal, que se retiró tras 32 años en la agencia. “Su conocimiento y comprensión de la vigilancia de la frontera simplemente no existen … los agentes lo van a cuestionar”.
Otros consideran a Magnus apto para el cargo.
“Él es muy respetado por sus colegas”, dijo Gil Kerlikowske, un exjefe de la policía de Seattle cuyo enfoque en el uso de la fuerza molestó a algunos agentes cuando él ocupó el cargo de Magnus del 2014 al 2017. “El historial de Chris a la hora de responsabilizar a las personas es muy extensivo”.
Magnus, de 61 años, nació en Lansing, Michigan, donde trabajó en la atención a emergencias, como paramédico, agente de comisario y capitán de la policía. Fue jefe de la policía en Fargo, Dakota del Norte, y Richmond, California, antes de aceptar el puesto en Tucson en enero del 2016. En ese cargo, estaba a las órdenes de los líderes electos de esa ciudad liberal de más de 500.000 habitantes.
En Tucson, Magnus creo un programa para ayudar a las personas a evadir el uso de drogas, trabajó con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los desamparados y reformó la política de uso de la fuerza del departamento. Criticó abiertamente las políticas de Trump por hacer a los inmigrantes más renuentes a compartir información sobre delitos con la policía.
Los críticos de la CBP en Tucson tienen opiniones diversas sobre Magnus. Vicki Gaubeca, de la Coalición de la Frontera Sur, dice que él promovió “algunas políticas muy progresistas”, pero que la Patrulla Fronteriza necesita un visionario que cambie lo que ella llama una arraigada “cultura de impunidad”.
En sus últimas semanas al frente de la policía, Magnus pidió el despido de un agente que cuando estaba fuera de servicio mato a tiros a un supuesto ratero en una silla de ruedas motorizada, diciendo que el incidente fue “una violación clara de la política del departamento”. El agente renunció el mes pasado.
Y en 2020 el propio Magnus ofreció su renuncia en relación con la muerte de una persona bajo arresto que el departamento no revelo por dos meses, pero el administrador municipal le pidió que se quedase en el puesto.
Un problema duradero que enfrenta Magnus son las acusaciones de que sus agentes en la Patrulla Fronteriza usan fuerza excesiva. Los agentes han estado involucrados en un número creciente de incidentes de uso de la fuerza y ha habido más muertes relacionadas con agentes fronterizos, aunque el número de encuentros con migrantes subió a una tasa aún más alta.
Magnus dice que el uso de la fuerza “es una preocupación seria” y que él piensa que la mayoría abrumadora de los agentes actúan de forma responsable. Defendió además a los equipos especializados que colectan evidencia sobre el posible uso de fuerza excesiva por agentes. Líderes demócratas en el Congreso han expresado gran preocupación sobre los llamados Critical Incident Teams, que algunos activistas dicen son operaciones de encubrimiento.
“Eso no es realmente inusual en la mayoría de las agencias policiales”, le dijo Magnus a la AP. “No hay absolutamente ninguna razón por la que investigadores entrenados no puedan colectar ese tipo de evidencia crítica”.
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Fox reportó desde Washington y Snow desde Phoenix.