LE PECQ, Francia (AP) — En Sainte-Anastasie-sur-Issole, una localidad enclavada en las verdes colinas de Provence, los votantes se adelantan a las presidenciales francesas.
De su votación este fin de semana y el siguiente saldrá el nombre del candidato — elegido de entre docenas de aspirantes — que quieren que su alcalde respalde.
Normalmente, esta decisión correspondería únicamente del regidor, Olivier Hoffmann, en virtud de un derecho que, en época electoral, se convierte en una patata caliente para quienes ocupan modestos cargos públicos, presionados por los aspirantes que necesitan 500 avales puestos electos para entrar a la boleta de abril.
Pero con un clima electoral encendido, y con la furia de quienes se oponen a la vacunación contra el COVID-19 generando cada vez más violencia contra los representantes electos, el apolítico alcalde de Sainte-Anastasie no quiere que parezca que se está tomando partido.
Es más seguro, opina, dejar que los 2.000 residentes elijan por él.
“Conozco a mucha gente en el pueblo, muchos son mis amigos. No quiero crear tensiones», afirmó Hoffmann en una entrevista telefónica. “Así que nada de política”.
“La política, suele hacer más daño que bien», agregó.
Incluso en un país con una arraigada tradición de protesta violenta, donde los revolucionarios de 1789 guillotinaron al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, el aumento de los ataques físicos y verbales y los torrentes de odio vertidos en internet contra funcionarios públicos — a menudo por políticas relacionadas con el coronavirus — están haciendo sonar las alarmas.
La violencia no ha alcanzado el nivel del asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los seguidores del entonces presidente Donald Trump el año pasado. Los legisladores franceses tampoco han sido asesinados como sus homólogos británicos. Allí, el letal apuñalamiento de un parlamentario en octubre motivó un examen de conciencia a nivel nacional sobre la seguridad de los cargos electos ante su orgullosa tradición de reunirse con sus electores.
En Francia hay sin embrago una creciente inquietud tras los aparentes de ataques incendiarios de diciembre contra un legislador y un alcalde, ambos afines al presidente Emmanuel Macron, y por otros actos violentos contra funcionarios electos, mientras el gobierno aumenta constantemente la presión presión sobre quienes no se han vacunado para que lo hagan y frenar la ola de contagios impulsada por la nueva variante ómicron del coronavirus.
El Ministerio del Interior registró un alza interanual del 47% en actos de violencia contra funcionarios electos en los 11 primeros meses de 2021, con 162 legisladores y 605 alcaldes o tenientes de alcalde reportando agresiones. Los diputados señalaron que las amenazas de muerte se han convertido en algo cotidiano. Bajo el asunto “decapitación”, un correo electrónico enviado al legislador Ludovic Mendes en noviembre decía: “Así es como tratábamos a los tiranos durante la Revolución Francesa”.
Este mes, durante las protestas contra el pasaporte de vacunación que impide la entrada de quienes no tengan la pauta completa en cafés y otros lugares, unos 30 disconformes rodearon la oficina del diputado Romain Grau, empujándolo y gritando con furia.
“¡Muerte! ¡Os vamos a matar a todos!», gritó un hombre que abofeteó al político en la cabeza. Más tarde, Grau dijo a la televisora TF1 que terminó que la confrontación terminase “en un baño de sangre y un linchamiento”.
Cuando el garaje del legislador Pascal Bois ardió en diciembre, las palabras “Vota no” y “¡Va a explotar!» estaban pintadas con espray en un muro exterior, lo que consideró un acto de intimidación antes de la aprobación parlamentaria del pasaporte de vacunación este mes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, dice que más de 540 de los 577 diputados de la cámara han reportado amenazas o agresiones físicas o verbales.
“Francia no está bañada en fuego y sangre. Estos son actos de minorías brutales», dijo Ferrand al canal de televisión parlamentario esta semana. “Aún así, me parece que hemos llegado a un nuevo nivel expresando una rabia que es nueva”.
El sentimiento antivacunas encaja también con la rabia residual del movimiento de los “chalecos amarillos”. Sus movilizaciones, a menudo violentas, contra Macron sacudieron al gobierno antes de la pandemia. En algunas protestas recientes contra las medidas del COVID-19 se ha podido ver a algunos asistentes con chalecos amarillos.
Cuando Bernard Denis se despertó por una fuerte explosión en plena noche en diciembre, el alcalde de la ciudad normanda de Saint-Côme-du-Mont descubrió sus coches en llamas y la frase «El alcalde apoya a Macron” escrita en negro en una pared.
Había otro mensaje: “Zemour presidente”, una aparente referencia, mal escrita, al candidato Eric Zemmour, un agitador de ultraderecha con repetidas condenas por incitación al odio.
Alrededor de 42.000 funcionarios electos pueden avalar a un candidato a la carrera presidencial. El mínimo de 500 respaldos busca reducir el número de aspirantes. Apoyar a un candidato no implica estar de acuerdo con sus políticas. Algunos de los patrocinadores solo quieren que haya más opciones para elegir en la boleta. Pero como el proceso es público, no están exentos de posibles consecuencias.