CHAMPLAIN, Nueva York, EE.UU. (AP) — Cada vez que un autobús llega a la estación de Greyhound en Plattsburgh, Nueva York, un pequeño grupo de taxistas espera llevar a los pasajeros en un viaje de cerca de media hora a un camino de tierra, nevado y sin salida.
Ahí, en la frontera con Canadá, los refugiados descienden de taxis o camionetas varias veces al día, y los agentes de la Policía Real Montada de Canadá les advierten que serán arrestados en caso de que intenten cruzar sin autorización legal, lo cual hacen. La mayoría de ellos son liberados pronto para solicitar asilo, con lo que pueden vivir y trabajar con libertad a la espera de una decisión.
“Tenemos la misma esperanza que todos —ser exitosos y cambiar de vida”, señaló Alejandro Cortez, un colombiano de 25 años, al salir de un taxi la semana pasada al final de Roxham Road en Champlain, Nueva York. El poblado de alrededor de 6.000 habitantes se encuentra directamente en la frontera con Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec.
Cortez se sumó a un flujo renovado de migrantes que buscan refugio en Canadá después de un veto de 20 meses a las peticiones de asilo creado para evitar la propagación de COVID-19. Las familias nuevamente están haciendo sus valijas y cargando niños por una acequia fronteriza remota y cubierta de nieve.
La decisión de las autoridades canadienses de levantar la prohibición el 21 de noviembre contrasta marcadamente con el enfoque de Estados Unidos, donde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) han extendido por tiempo indefinido una restricción similar en la frontera con México que llegará a su tercer año en marzo.
El miércoles, un fiscal del Departamento de Justicia defendió vigorosamente la prohibición ante los cuestionamientos de los jueces de las cortes federales de apelación a las bases científicas para tal medida trascendental contra el asilo.
Estados Unidos expulsó a migrantes aproximadamente 1,5 millones de veces de marzo de 2020 hasta noviembre bajo lo que se conoce como el estatuto Título 42, que recibió el nombre por una ley de salud pública de 1944 que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden han usado para negarle a los migrantes una oportunidad de solicitar asilo, bajo el argumento de que frena la propagación del coronavirus.