PARÍS (AP) — TotalEnergies y Chevron, dos de los conglomerados energéticos más grandes del mundo, anunciaron el viernes que paralizarán todas sus operaciones en Myanmar por las crecientes violaciones de los derechos humanos y el deterioro del Estado de derecho desde el golpe militar que derrocó al gobierno hace casi un año.
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El anuncio se produjo un día después de que la empresa francesa pidió sanciones internacionales contra el sector del petróleo y el gas, que sigue siendo una de las principales fuentes de financiación de la junta militar.
Total y Chevron se han visto sometidas a una creciente presión por su papel en la gestión del yacimiento de gas de Yadana, en alta mar, y de la tailandesa PTT Exploration & Production. Total tiene una participación mayoritaria en el emprendimiento y dirige sus operaciones diarias, mientras que MOGE recauda los ingresos en nombre del gobierno.
“Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, hemos visto la evolución del país y está claro que no es favorable: la situación del Estado de derecho y de los derechos humanos en Myanmar se ha deteriorado claramente a lo largo de los meses y, a pesar de los movimientos de desobediencia civil, la junta ha mantenido el poder y nuestro análisis es que, desafortunadamente, es a largo plazo», dijo Total.
Desde la sublevación militar, el ejército ha reprimido con brutalidad la disidencia, secuestrando a hombres y niños, matando a personal sanitario y torturando a prisioneros.
Total dijo que se retiraría sin compensación económica y cederá sus intereses a los otros accionistas.
Alrededor del 50% de las divisas de Myanmar proceden de los ingresos del gas natural, y se espera que MOGE gane 1.500 millones de dólares por los proyectos alta mar y los gasoductos en 2021-2022, según una previsión del gobierno del país.
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Las anteriores rondas de sanciones de Estados Unidos y Europa contra la junta militar han excluido el petróleo y el gas.
En un comunicado publicado poco después del anuncio de Total, Chevron dijo que “a la vista de las circunstancias” también planeaba marcharse. La empresa ha condenado los abusos contra los derechos humanos y dijo que cumplirá cualquier sanción internacional.
El grupo de defensa de los derechos humanos Blood Money Campaign, con sede en Myanmar, pidió a las compañías que se aseguren de que los futuros pagos se realizan en cuentas que no sean accesibles para el ejército y que “dejen de tratar a la junta criminal como un gobierno legítimo».
Human Rights Watch, por su parte, celebró la decisión.
“El siguiente paso es asegurar que los beneficios del gas no siguen financiando esas atrocidades», afirmó Ken Roth, director ejecutivo del grupo.
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Las periodistas de The Associated Press Elaine Kurtenbach en Bangkok, Victoria Milko en Yakarta y Kristen Gelineau en Sydney contribuyeron a este despacho.
