Jorge Sánchez Herrera – Nómena Arquitectura – Arquitecto/Urbanista jorge@nomena-arquitectos.com
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Es una vieja discusión. Se piensa que mientras no tengamos un sistema de transporte público eficiente no podemos disminuir los requerimientos mínimos de estacionamientos que exigen las municipalidades para construir edificios nuevos. Tampoco podemos permitir que los municipios empiecen a retirar los estacionamientos ‘públicos’ de la calle y, peor aún, cobrar por ocuparlos. También se piensa que mientras no tengamos un sistema de transporte público eficiente debemos seguir construyendo bypasses y agregando carriles para que nuestras principales avenidas alberguen más autos. Si no puedo usar el auto o me cobran por usarlo, ¿qué alternativas de movilidad tengo?
Luego del reciente paro de colectiveros, ha vuelto el dilema. Es cierto que los colectivos informales son la respuesta a la ineficiencia de los sistemas de transporte formal, pues cubren una enorme demanda insatisfecha; es decir, son un síntoma de la enfermedad que representa nuestro precario sistema de transporte público. Pero también es cierto que la atomización del transporte público -que hoy se reparte entre combis, taxis, colectivos, mototaxis e incluso motos lineales-, representa la principal ‘competencia’ de los sistemas formales y son, por tanto, causantes de su ineficiencia.
Entonces, ¿tiene sentido tolerar e incluso formalizar la atomización del transporte entre miles de operarios informales mientras solucionamos el problema de fondo? ¿O es mejor apostar por una definitiva expansión de los corredores complementarios, otras líneas de metropolitanos y alimentadores, el metro que ya está en marcha, y la formalización del servicio de taxis?
Definitivamente lo segundo. Y tal como sucede con las políticas que promueven el uso del auto particular en desmedro de otros medios de transporte masivo, no pueden coexistir, pues una afecta la eficiencia y desarrollo de la otra.
Aquellos que siguen defendiendo y tienen intereses en su desregulación, no entienden que el transporte público, así como la educación y la salud, son servicios públicos de los que no solo depende nuestra calidad de vida, sino nuestra vida misma. Por eso deben ser fiscalizados y supervisados por el Estado.
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