Defensoría insta al Congreso a aprobar la paridad y alternancia con urgencia

El organismo remarcó que actualmente no existe reglamentación que garantice el cumplimiento de la cuota de género hasta el final del proceso electoral. También consideró necesario regular la violencia y el acoso político contra las mujeres.

La Defensoría del Pueblo consideró urgente que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que plantea la paridad y la alternancia en la lista de candidatos a cargos públicos.

“Urge aprobar la paridad y la alternancia, así como regular la violencia y el acoso político que las afecta, solo así se podrá garantizar su efectiva participación en los espacios de representación política”, señala el comunicado. 

Según cifras de la Defensoría, las mujeres representan el 48% de la militancia de los partidos y organizaciones políticas; sin embargo, solo el 26% de ellas ocupa un cargo dirigencial. 

El estudio analizó la participación política de las mujeres en las Elecciones Generales 2016 y las Elecciones Regionales y Municipales 2018. 

En él, también se pudo identificar la baja presencia de las candidatas en los medios de comunicación. “En el año 2016, apenas el 23 % de las postulantes al Congreso de la República tuvo cobertura en medios”, se dio a conocer. 

Asimismo, señala que la cuota de género que actualmente deben cumplir las organizaciones políticas no garantiza hasta el final la participación de las mujeres en el proceso electoral. 

Esto se pudo notar en las últimas elecciones municipales y regionales, cuando 4528 candidatas fueron retiradas por improcedencias, renuncias o tachas, y no se verificó si sus reemplazantes fueron también mujeres. 

“Esta situación se podrá superar con la incorporación en la legislación electoral de normas que dispongan la obligación de aplicar la paridad y alternancia, medida que fue recomendada desde el año 2006 por nuestra institución”, indica la Defensoría.

Cabe resaltar que la paridad y alternancia en las listas de candidatos es una de las propuestas que el Poder Ejecutivo incluyó en la cuestión de confianza ante el Congreso.

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