El primer ministro, Salvador del Solar, aseguró este domingo que tras el diálogo sostenido con el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, han acordado que se levante el bloqueo de la carretera en Apurímac de manera simultánea al estado de emergencia establecido en la zona para poder iniciar un diálogo.
El jefe del Gabinete Ministerial detalló, sin embargo, que Rojas debe consultar con los comuneros dicha decisión.
“La consulta que va a hacer es de que si estamos dispuestos de manera simultánea a que toda medida de fuerza se levante.Si es que se levanta el bloqueo de la vía, no habrá estado de emergencia. Hemos acordado que en ese caso estaremos dispuestos a iniciar un diálogo en un plazo que podemos determinar, para que las cosas se resuelvan por donde se tengan que resolver, por la vía del diálogo y en cumplimiento de la ley”, sostuvo en declaraciones a la prensa.
“Lo que hemos acordado es que en la medida de que este interlocutor va a consultar es que si en la comunidad están de acuerdo en que levantemos conjuntamente el estado de emergencia y el desbloqueo de la vía, y que hecho esto, podamos sentarnos en una conversación que para mayor confianza de los comuneros sea acompañada por la Iglesia Católica y por la Defensoría del Pueblo”, señaló.
En esa línea, Del Solar agradeció al cardenal Miguel Cabrejos por haber acogido en la sede del arzobispado de Lima dicha reunión y destacó la intención del Ejecutivo por apelar al diálogo.
“Quiero empezar agradeciendo a monseñor Cabrejos por habernos acogido para retomar un diálogo que se había visto bloqueado porque, al haber sido detenido Gregorio Rojas, presidente de la Comunidad de Fuerabamba, no había un interlocutor válido con quién poder dialogar”, aseveró.
“Hemos tenido una conversación respetuosa en la que nos hemos escuchado”, indicó.
El presidente del Consejo de Ministros aseguró que la comunidad de Fuerabamba ha insistido en pedir la liberación de sus asesores legales Jorge y Frank Chávez Sotelo, sobre quienes pesa un pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de extorsión a la empresa minera Las Bambas.
Precisó, en ese sentido, que han explicado que el Poder Ejecutivo no puede interferir con las decisiones del Poder Judicial. No obstante, afirmó que se han comprometido a invocar a que se les respete “el debido proceso”.
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