Glave afirma que opinión sobre sentencia de Edwin Donayre es una ‘falta de respeto al PJ’

La congresista de Nuevo Perú e integrante de la Comisión de Constitución sostuvo que lo aprobado en dicho de trabajo constituye “un abuso” que privilegia a Edwin Donayre.

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú), integrante de la Comisión de Constitución, consideró como una “falta de respeto al Poder Judicial” y una intromisión de parte del Congreso al mandato jurisdiccional que se haya aprobado la opinión consultiva de este grupo de trabajo sobre el caso del congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) a solicitud de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria.

En la sesión de Constitución que se llevó a cabo el último martes, con votos de Fuerza Popular se aprobó el documento que recomienda pedirle al Poder Judicial que precise la situación del legislador sentenciado a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de peculado en el caso ‘Gasolinazo’.

“Lo que hizo el fujimorismo es votar por un informe que lo que busca es, primero, que tiene que ser una sentencia firme. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que llegar hasta la última instancia. En segundo lugar, que se tiene que volver a mandar este expediente al Poder Judicial a pedirle que hagan un control de constitucionalidad y convencionalidad, lo que es una falta de respeto al Poder Judicial y sería una manera en la cual el Parlamento se entromete en el mandato jurisdiccional”, afirmó en diálogo con RPP.

En esa línea, Marisa Glave calificó de “abuso” la decisión de la Comisión de Constitución, por privilegiar a un parlamentario condenado.

“Ayer hubo un abuso en la Comisión de Constitución, donde se ha hecho una interpretación abusiva, generando un privilegio para un parlamentario”, manifestó.

La congresista reiteró que no existe “ningún argumento legal” para que Edwin Donayre no acate la sentencia ordenada por el Poder Judicial y por la que se solicita el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

“La inmunidad parlamentaria, como está regulada en la Constitución, señala claramente que sirve únicamente cuando el parlamentario puede argumentar que el proceso que se le ha abierto o la sentencia que se le ha impuesto tiene móviles políticos (…) Aquí no estamos frente a un caso así para nada”, aseguró.

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