Cano: Ratificación de nulidad cierra el proceso del indulto a Alberto Fujimori

La abogada de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta destacó la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que confirmó la nulidad del indulto.

La abogada de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Gloria Cano, consideró que la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que confirma la nulidad del indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori , cierra este proceso por el cual llegaron a presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo cierto es que la resolución que declaraba inaplicable el indulto ha sido confirmada. Esto se cierra ahí. El caso Pativilca tiene también la posibilidad de continuar. (Mientras tanto) en el caso de La Cantuta y Barrios Altos queda en ejecución [la penal]”, afirmó en diálogo telefónico con Canal N.

Esta tarde, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema notificó a las partes su fallo, en el cual ratifican la anulación del indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, desde el pasado 23 de enero.

La Sala presidida por el juez supremo Jorge Salas Arenas, confirmó la decisión que adoptó el juez supremo de primera instancia, Hugo Núñez, en octubre del 2018.

**Gloria Cano **precisó que la resolución señala que el juez penal tiene la potestad para ejecutar el control de convencionalidad, lo cual había sido objetado por la defensa de **Alberto Fujimori **a cargo de César Nakasaki.

Además, indicó que cualquier iniciativa legislativa que se quiera elaborar para alterar la condición de Alberto Fujimori debe considerar los criterios señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carlos Rivera, también abogado de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, aseveró que con la ratificación de la nulidad del indulto, Alberto Fujimori “retorna a su condición de condenado” y determina que debe terminar de cumplir sus 25 años de prisión.

Finalmente, consideró que no cabe “un cuestionamiento a nivel judicial” ante alguna posible medida que pueda tomar la defensa del ex presidente.

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