El abogado del ex presidente Alberto Fujimori, César Nakasaki, afirmó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el “único que puede responder” si es que cuentan con un penal que garantice que el ex mandatario reciba el tratamiento que necesita debido a su diagnóstico de fibrilación auricular paroxística.
“El INPE dice ‘está enfermo, su tratamiento puede ser ambulatorio’, pero el retorno a un penal no lo puede decir el Instituto de Medicina Legal porque es el INPE el único que puede responder a la pregunta (de) si ese tratamiento se puede cumplir o no en una prisión”, aseveró en entrevista con RPP.
César Nakasaki recordó que una Junta Médica anterior del INPE sostuvo que el cuadro clínico de Alberto Fujimori no podía seguir siendo tratado en un penal, “sino no se hubiera dado el indulto”.
“El INPE ahora debe responder la pregunta si él [Alberto Fujimori] puede cumplir el tratamiento en un penal y, si responde afirmativamente, ahí recién se elegiría el penal. La pregunta hecha por la sala está sin respuesta hasta hoy”, consideró el abogado.
Además, César Nakasaki informó que presentarán un escrito solicitando que, para tomar la decisión de un reingreso de Alberto Fujimori a un penal, se debe responder a lo que pregunta la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia.
“Se va a presentar un escrito solicitando que para tomar la decisión de un ingreso a un penal, se tiene que responder a lo que pregunta la sala. La sala ha preguntado: ‘¿ese tratamiento ambulatorio puede cumplir en el penal? ¿Sí o no? ¿A quién se lo preguntó? Al Instituto de Medicina Legal y les han dicho ‘yo no te puedo responder esa pregunta’”, agregó.
Como se recuerda, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que da cuenta de las conclusiones de la Junta Médica que evaluó la salud del ex presidente Alberto Fujimori, quien se encuentra internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre desde hace más de cien días.
Según la resolución, el ex mandatario “se encuentra estable” y “puede recibir un tratamiento de forma ambulatoria”, por lo que la Corte Suprema de Justicia ordenó al INPE que elabore un informe para que este determine qué penal cumple con los requisitos para “continuar su tratamiento”.
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