El municipio de Jesús María ordenó el pasado lunes el cierre por cinco días del centro comercial Real Plaza Salaverry, ubicado en este distrito, por un presunto caso de discriminación. En redes sociales, se difundió un video en el que se veía a agentes de seguridad de ese establecimiento impedir la entrada de un anciano.
Sin embargo, ayer la medida fue levantada cerca de las 11 a.m. gracias a un acuerdo entre el municipio y el centro comercial. Ambos se comprometieron a ubicar al adulto mayor (que aún no ha sido identificado) y brindarle asistencia social y psicológica.
‘En los últimos días, esta persona ha estado viniendo al centro comercial con una actitud que podía afectar la seguridad de los usuarios y visitantes. Por eso, el equipo de seguridad detuvo su ingreso’, explicó Daniel Duharte, gerente general de Real Plaza.
Dicha versión coincide con la de varios vecinos de la zona, que afirmaron que el hombre suele pedir dinero y amenaza con un palo a quien se niega a dárselo. ‘Ya ha habido quejas de la gente. En días anteriores este señor entró al centro comercial a amenazarlos’, afirmó Duharte.
La cadena Real Plaza expresó su rechazo a cualquier acto de discriminación y aseguró que sus centros comerciales son ‘inclusivos’. ‘Lamentamos la manera en la que se expresó el efectivo de seguridad. Ya tomamos las medidas correctivas para que la próxima vez que suceda se maneje de una forma mejor’, dijo Duharte.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la información del caso al municipio de Jesús María para tomar una posición.
‘Lo que importa en estos casos es establecer el motivo por el que una persona tiene un trato diferente, si es que no se le ha permitido el ingreso por su edad, condición socioeconómica o raza. Sin embargo, pueden existir razones fundamentadas que ameriten que una entidad comercial señale que no puede entrar porque puede ser un peligro para sus otros clientes’, explicó Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Si se determina que se trató de un caso de discriminación, el centro comercial sería multado de acuerdo a la ordenanza Nº 285 emitida por el distrito.
Esta impone multas de S/1.700 a S/10.000 (esta última para reincidentes) y la clausura del local comercial por siete días, un mes o definitivamente.
‘Lamentablemente, la discriminación es un tema arraigado en el Perú. Muchas veces se invisibiliza o se normaliza. Es una práctica social constante en el país’, dijo Castillo, quien exhorta a todos los municipios a emitir ordenanzas contra la discriminación.
Sobre el caso, consideró que los centros comerciales deben contar con mejores medidas de seguridad. ‘Los entes comerciales deben tener personal entrenado y protocolos de actuación específicos para estos casos, para atender situaciones en las que puede haber personas que coloquen en riesgo la integridad de otras’.
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