Caracas. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió este martes a los trabajadores públicos de Venezuela **que respaldan al presidente encargado del país, **Juan Guaidó, marchar hasta la sede del Legislativo, al que exigen aprobar una ley para la “protección” de los empleados que “defiendan” la democracia.
La protesta iba a recorrer una avenida del centro-oeste de **Caracas **hasta llegar a la sede del Parlamento, pero los trabajadores no pudieron ni siquiera concentrarse en el punto de partida de la movilización, la plaza Morelos, debido a que fue acordonada por la policía.
Una comisión de los empleados, sin embargo, acudió hasta la sede del Legislativo y entregó un documento con la exigencia de que se apruebe lo que han llamado como “ley de garantías laborales”.
Esta norma “es una protección para todos los trabajadores que en un momento dado salgan a defender la democracia, salgan a defender la institucionalidad”, dijo a periodistas el secretario general de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), José Elías Torres.
Además, explicó también que la ley busca defender los derechos de los trabajadores ante la posibilidad de que el Estado intente despedir a alguno “por discriminación política”.
Los empleados también exigen al Parlamento que señale al responsable del masivo apagón que sufrió el país hace once días y que debata si hay causales para que se emprenda un juicio a nivel internacional.
Asimismo, exhortan al Legislativo a que exija a la comisión enviada a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que se reúna con los trabajadores.
Entre los trabajadores que tenían previsto marchar se encontraban empleados de la empresa estatal de electricidad Corpoelec, de la de comunicaciones Cantv, de la Cancillería, del Seguro Social, del sector petrolero y universitario.
El lunes, varias organizaciones sindicales, entre ellas la CTV, convocaron a esta movilización y a una protesta contra la crisis tras sostener un encuentro con Guaidó, que se declaró presidente encargado del país en enero pasado y es reconocido como tal por unos 50 gobiernos.